24 abr. 2009

España: Un trabajador cargará con dos jubilados

por M. Tejo

O las pensiones se recortan a la mitad o la población activa redobla su aportación al sistema: mantener como hasta ahora las prestaciones a los jubilados tiene un precio.

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Que España destina más del 8% de su Producto Interior Bruto (PIB) a sufragar el gasto en pensiones públicas llama la atención, aunque sólo sea por lo abultado de la cifra. Que dentro de quince años será el país del mundo más envejecido, tras Japón, incluso entristece.

Pero que en diez años, el 40% de la población será jubilada y los bolsillos de los trabajadores tendrán que pagar sus pensiones adquiere ya otro cariz. En plena guerra de cifras sobre la salud de las cuentas de la Seguridad Social, los expertos advierten de que la demografía es tozuda: si no hay reformas de por medio, cada trabajador alimentará a dos jubilados en 2050. ¿Le preocupa?

Al Banco de España, sí. Hasta el punto que el gobernador de la entidad emisora, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió durante su intervención en la Comisión del Pacto de Toledo, el 15 de abril, de que «en un año» la Seguridad Social podría entrar en pérdidas. Para el Ejecutivo lanzar este mensaje es «irresponsable», a la vez que «alarmista».

Si cuatro millones de personas ya no pegan ojo a causa del paro, el mensaje del gobernador podría frustrar el sueño a los ocho millones y medio de pensionistas –la mitad jubilados– que hay en España, un revuelo nada apropiado tras una crisis de Gobierno. Donde el ministro de Trabajo ve un sistema de pensiones «fuerte» y «vigoroso», el Banco de España atisba focos incendiarios, que deben sofocarse con reformas «imperiosas».

Los ingresos, en tasas negativas
¿Y qué dice la Seguridad Social? El debilitado consumo de las familias ha lastrado los pedidos de la industria, lo que ha supuesto el cierre forzoso de miles de empresas. Entre enero de 2009 y el mismo mes de 2008 desaparecieron del mapa 78.800 sociedades. Sólo por este concepto se estima que la caja dejará de percibir, al menos, 5.857 millones de euros este año, una cifra similar al superávit que espera el Gobierno.

La consecuencia directa es una intensa destrucción de empleo, que avanza a ritmos interanuales del 6%, y que ya priva a las arcas públicas de las aportaciones de más de un millón de trabajadores.

El resultado: mientras los gastos reales del organismo crecen por encima del 10%, en tasa interanual, los ingresos en caja marcan mínimos negativos. Las expectativas no son halagüeñas. Debido a esta grieta, y en un contexto recesivo, el sistema seguirá perdiendo cotizantes, a la vez que aumenta la grasa del paro e, irremediablemente, la población cumple años.

En la actualidad, la tasa de dependencia (relación entre el número de mayores de 65 años y la población potencialmente trabajadora) es del 25%. Es decir, hay un trabajador por cada cuatro pensionistas. Si no se aborda ninguna reforma, como alargar la edad legal de retiro para retener durante más tiempo a la masa trabajadora, en 2050 el 66% de los españoles estará ya totalmente apartado del mercado laboral y el gasto en pensiones se habrá duplicado, hasta rozar el 14% del PIB.

Pero no hace falta ir tan lejos. Los expertos tienen clavada la mirada en 2020, fecha en la que comenzará a jubilarse la generación del baby boom (los nacidos en la década de los sesenta). Estas oleadas de trabajadores son las que realmente pondrán a prueba la capacidad de resistencia de la Seguridad Social. Provienen de familias numerosas, pero no han colaborado a retroalimentar el sistema, porque tienen pocos hijos.

El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), centro investigador al servicio de la Hacienda Pública, señala que la tasa de dependencia rondará el 30% ó el 40% para entonces. Eso sí, siempre que no acontezca una «drástica pérdida de la ocupación», debido a la crisis doméstica, pues el número de activos disminuiría hasta el punto de que cada trabajador cargará con un jubilado. Relación uno a uno.

La última proyección de gasto de la Comisión Europea señala que cuando los baby boomers se retiren –hay que recordar que los trabajadores abandonan el mercado laboral al menos dos años antes de los 65–, el gasto comenzará a crecer, aunque de modo estable. Pero hecha la estadística, hecha la trampa. Los técnicos del IEF advierten de que se trata de un escenario muy «optimista», ya que esta previsión parte de que la tasa de paro española será del 7%, un escenario difícil de creer.

La solución, según Concepció Patxot, coautora del informe Sipes, un modelo de gasto de la seguridad Social del propio IEF, concluye que el futuro pasa bien por rebajar a la mitad la cuantía de las pensiones o, en su defecto, redoblar las cotizaciones sociales que soportan trabajadores y empresas, una conclusión que también comparten Analistas Financieros Internacional, el Instituto de Estudios Económicos y los expertos de la División Financiera de la OCDE.

Para rizar el rizo, los inmigrantes, llegados a España por la falta de mano de obra, están pisando los talones a la generación del baby boom. Y junto a ellos, reclamarán su pensión las mujeres que, masivamente desde los setenta, se fueron incorporando al mercado laboral. El impacto de ambos colectivos no está debidamente contabilizado. «Ninguna previsión ha tenido en cuenta la entrada de 600.000 extranjeros cada año», achacan los analistas.

Aunque no hay recetas mágicas para salir del atolladero, lo ideal sería que España se planteara, al menos, tres cambios: llevar a toda la vida laboral el periodo de referencia para el cálculo de la pensión (en vez de tener en cuenta los últimos quince años como ahora);_fomentar el ahorro privado para que cada persona se responsabilice de su retiro, y retrasar en varias fases la edad de jubilación, de modo que alcance los 70 años.

El economista de la OCDE Pablo Antolín advierte de que retrasar estos cambios supondría la quiebra del sistema. A expensas de que Bruselas publique el 5 de mayo sus proyecciones revisadas sobre el gasto en pensiones, Antolín se sorprende de que se tilden de «catastrofistas» las conclusiones de los principales organismos internacionales. «Cuando el Gobierno dice que las pensiones están garantizadas, estoy de acuerdo que en cierto sentido lo están», explica en alusión al plano cortoplacista. «Pero eso no quita para que el gasto en pensiones y los déficit estructurales sigan aumentando», concluye.

Fuente: Expansión

23 abr. 2009

El FMI predice que las economías latinoamericanas se contraerán en 1.5% en 2009

Por Claudia Assis

Dow Jones Newswires

NUEVA YORK (Dow Jones)--Las economías latinoamericanas se contraerán un 1,5% en 2009 antes de protagonizar una "modesta" recuperación en 2010, señaló el miércoles en un informe el Fondo Monetario Internacional.

El FMI prevé que la contracción del producto interno bruto real será más severa en México, Venezuela y Ecuador. Sólo Perú y Uruguay registrarían una expansión del PIB en 2009, mientras que Centroamérica, excluido México, también crecerá, señaló el Fondo. El Fondo proyecta para 2009 una contracción del 3,7% en México, seguida de un crecimiento del 1% en 2010.

Venezuela se contraería un 2,2% en 2009 y un 0,5% en 2010, mientras que se proyecta que la economía ecuatoriana caería 2% en 2009 y se expandiría un 1% en 2010, añadió el Fondo.

El organismo multilateral estima que Perú crecerá un 3,5% en 2009, y que el próximo año su expansión será del 4,5%.

En tanto, el FMI estima que Uruguay crecerá un 1,3% en 2009 y un 2% el próximo año.

Excluido México, Centroamérica se expandiría un 1,1% en 2009 y un 1,8% en 2010.

Sin embargo, además de las estimaciones de contracción del PIB, el FMI estima una reducción en la demanda del 2,25% para 2009 en América Latina, "debido al finaciamiento extranjero más escaso y caro, al igual que por una menor demanda por productos nacionales", señala el informe.

Pero, con las tasas de cambio actuando como un amortiguador, la actividad se proyecta que disminuya levemente o que incluso se expanda en países como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, agrega el FMI.

Las proyecciones forman parte del informe Perspectivas de la Economía Mundial que preparó el FMI para abril de 2009 y que se dio a conocer la mañana del miércoles en Washington, D.C.

22 abr. 2009

Las cajas españolas: la importancia del capital

por Gaspar Ariño

Hay un cuarto gran tema (problema) que hoy se plantea a las cajas: la necesidad de cumplir los niveles mínimos de capital exigidos para garantizar su solvencia en momentos como los actuales. Cuando la morosidad se dispara y hay que cumplir con las provisiones para créditos dudosos, cuando la acumulación de resultados negativos agota las reservas, las cajas encuentran serias dificultades para aumentar sus recursos y afrontan problemas de solvencia.

Al carecer de dueño y estar más que olvidado el espíritu fundacional, no se puede acudir a los mercados en busca de capital: no caben ampliaciones de capital, porque no tiene títulos accionariales, ni cabe esperar aportaciones de nadie a unas extintas “fundaciones”.

Su falta de capacidad para acudir a los mercados y obtener capital, sólo puede ser suplida por la vía de los beneficios retenidos (cuando los hay), la creación de corporaciones financieras cotizadas y el endeudamiento: emisión de participaciones preferentes, las denominadas “cuotas participativas”.

Dejando ahora a un lado la creación de corporaciones financieras, como Criteria o Cibeles (esta última, en gestación), al alcance de muy pocas cajas y hasta ahora con éxito más que relativo, la emisión de preferentes tiene límites en términos de proporción sobre recursos propios y además no parece que tenga hoy mucho recorrido (al menos sin aval del Estado).

Las cuotas participativas, que son alabadas y solicitadas una y otra vez por las autoridades económicas, no han sido bien recibidas hasta ahora por las cajas y además han sido configuradas de tal manera que resultan muy poco atractivas. Después de veinte años, sólo una caja (la CAM) ha emitido cuotas y su colocación en el mercado no ha tenido ningún éxito (las han suscrito otras cajas e instituciones y su cotización en la bolsa ha sido deprimente).

Cuotas participativas
Y es que, junto a la rigidez y complejidad de su regulación -calificada de “ortopédica” por alguna voz autorizada- que genera inseguridad, son conocidas las reticencias que gran parte de los directivos, políticos y sindicatos que ocupan las cajas han mostrado hacia las “cuotas participativas”, pues, aunque carecen por el momento de derechos políticos, han sido siempre percibidas como un primer paso hacia la privatización de las entidades (cosa que les horroriza). De hecho, la creación de holdings financieros se plantea como vía alternativa a las cuotas.

A mi juicio, es ineludible rediseñar las cuotas participativas si se quiere hacer de ellas un medio eficaz de capitalización de las cajas y también un instrumento de valoración y juicio sobre ellas por el mercado, respecto al desempeño que están llevando a cabo.

Un modelo de éxito, que merece la pena considerar, son los Certificados de Capital Primario instaurados en las cajas de ahorro noruegas en 1987. Son valores mobiliarios admitidos a cotización que emiten las cajas, tienen derechos políticos y son remunerados mediante dividendos, de acuerdo con los beneficios obtenidos por la caja.

Los titulares de los mismos eligen a sus representantes en la Asamblea y en el Consejo en proporción al capital suscrito, con ciertas limitaciones (no pueden superar el 40% de estos órganos, ni puede nadie disponer de más del 10% de títulos emitidos, ni representar a más del 20% de los votos correspondientes a estos títulos).

Un elemento fundamental de la necesaria reforma sería el reconocimiento a los cuotapartícipes de derecho políticos, esto es, derecho de acceso a los órganos de gobierno y control de la caja, en proporción a la cuantía de sus cuotas en relación con los recursos propios de ésta. No es razonable que un título de renta variable no dé a su tenedor voz alguna en la fijación de beneficios distribuibles.

Todo esto resulta urgente. El Gobierno y el Banco de España se han pronunciado en los últimos días sobre la necesaria modificación de la Ley de Cajas, tema sobre el que el presidente del PP, Sr. Rajoy, viene pronunciándose también desde hace tiempo. Pero no sabemos muy bien qué alcance quieren dar a esta reforma.

En los debates en el Congreso, CiU y PP parecen oponerse a una reforma en profundidad e inclinarse más bien por pequeños retoques o ajustes en la representación otorgada a los distintos grupos de interés, con la aprobación de un determinado modelo de gobierno corporativo que, en este caso, tendría carácter imperativo (que exista una Ccomisión de inversiones, que el presidente no tenga carácter ejecutivo, etc.).

Algo parecido a lo que hizo el Partido Popular en la Ley Financiera (44/2002) dando una vuelta más de tuerca a la presencia política. Estaríamos ante una reforma menor y coyuntural, que podríamos calificar de “reactiva” (aquello que no suscite polémica entre los “señores” autonómicos, tanto del PSOE como del PP). Con ello se trataría de dar respuesta urgente a algunos males que hoy se observan con tonos alarmantes (caso de la CCM, conflicto en Caja Madrid, situación de Caixa Cataluña y otras).

Poder de supervisión
Limitarse a esto sería, a mi juicio, un error. No basta con ello. Es necesaria una nueva norma que venga a reemplazar a la LORCA, una norma que devuelva al Estado sus poderes de supervisión y control; que establezca las bases de su organización y permita a las entidades definir en sus estatutos su estructura interna en el marco de aquéllas; una norma que defina el sistema de control interno por sus partícipes (depositante, cuenta partícipes, fundadores y representantes político-institucionales) y el control externo por el Banco de España. Una norma, en definitiva, que suponga una refundación de las cajas.

Fuente: Expansión

21 abr. 2009

¿Dónde y cuánto se paga por una herencia en España?

por Javier Ragué, socio director del Centro de Coordinación de Criterios de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

En materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, son varias las Comunidades Autónomas del Estado Español que han hecho uso de su capacidad normativa.

La convivencia de normas autonómicas con la estatal genera un mapa tributario totalmente dispar y que como veremos en las próximas líneas ocasiona que los contribuyentes padezcan diferente trato fiscal sobre un mismo hecho imponible en función de la Comunidad Autónoma que resulte competente para liquidar el impuesto.

Podemos agrupar las Comunidades Autónomas en tres categorías, en función del grado de tributación que contemplan para herencia y donaciones de padres a hijos y entre marido y mujer:

ZONA VERDE: CCAA en las que no hay tributación o es muy reducida tanto para herencias como donaciones: País Vasco, Navarra, Madrid, Islas Baleares, Canarias y Valencia (en ésta existe alguna restricción).

ZONA AMBAR: CCAA en las que no hay tributación o es muy reducida solamente para herencias: Cantabria, La Rioja, Castilla-León y Murcia (en ésta existe alguna restricción).

ZONA ROJA: CCAA en las que no existen medidas relevantes de reducción del impuesto: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Aragón, Asturias y Galicia (estás tres últimas CCAA solamente reducen significativamente el impuesto cuando el heredero es hijo/a menor de 18 o 21 años)

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Pero… ¿sabemos qué ley fiscal nos aplica?
Los puntos de conexión que ordenan la aplicación de la norma tributaria de una u otra comunidad autónoma son los siguientes:

1. Cuando se trata de liquidar una donación: se estará al territorio de la residencia habitual del donatario, excepto que se trate de la donación de inmuebles, en cuyo caso se aplicará la norma de la Comunidad Autónoma donde se ubique dicho inmueble.

2. Cuando se trata de liquidar una herencia: se estará al territorio donde el difunto tenía su residencia habitual, con independencia de lugar donde residan los herederos. La Comunidad Valenciana es la única que exige que los herederos también residan en su territorio para que la herencia esté bonificada.

Las diferencias de tributación son tan sustanciales que pueden animar a los contribuyentes a desplazarse a territorios en los que las transmisiones lucrativas entre padres e hijos o con el cónyuge no paguen. Precisamente para evitar los desplazamientos artificiales de personas que buscan beneficiarse de regímenes fiscales más favorables, la obtención de la residencia fiscal a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones requiere cinco años de permanencia en la Comunidad Autónoma cuya normativa se pretende aplicar, excepto en Navarra que solamente exige la permanencia de más de 183 días en su territorio. Y si resulta que el causante cambió de residencia, y en el momento del fallecimiento no ha transcurrido el plazo de cinco años, se aplicará la normativa estatal que no recoge bonificación alguna.

Ilustraremos esta cuestión con varias situaciones que pueden darse en la práctica:

1. Persona residente en Madrid desde hace más de cinco años, fallece y sus hijos heredan inmuebles situados en Cataluña: se aplica la norma de la Comunidad de Madrid por tratarse de la residencia habitual del causante, por tanto prácticamente no hay tributación por el impuesto sobre sucesiones.

2. Persona con residencia fiscal y permanente en Cantabria (donde aplica bonificación en la sucesión) se traslada a Madrid (donde también hay bonificación) y fallece antes de que transcurran los cinco años de residencia habitual: a pesar de que los territorios de origen y destino prevén un trato muy favorable, se aplica la ley estatal y los herederos no podrán disfrutar de ninguna reducción.

3. Persona con residencia en Valencia, fallece en Valencia y heredan sus tres hijos, dos de los cuales residen en Valencia y el tercero reside en Catalunya: como hemos mencionado anteriormente, la comunidad valenciana es la única que exige como requisito adicional para bonificar la herencia que los hijos del causante también residan en su territorio. En consecuencia, los dos hermanos residentes en Valencia se beneficiarán de las reducciones que prevé la norma valenciana en materia de Impuesto sobre Sucesiones, mientras que el hijo con residencia en Catalunya se someterá a la norma catalana que no prevé reducción alguna.

4. Persona con residencia en Catalunya dona inmuebles situados en Madrid a sus hijos residentes en Catalunya: al tratarse de una transmisión lucrativa en vida y recaer sobre inmuebles, aplicará la norma del territorio donde se ubican éstos, es decir, la de la Comunidad de Madrid, y por tanto prácticamente no se liquidará impuesto sobre donaciones por los hijos beneficiados por la donación.

5. Persona que residía en Madrid y se traslada a vivir al extranjero donde fallece y heredan sus hijos que tienen residencia en Madrid: dado que el causante al tiempo del fallecimiento residía en territorio extranjero, ya no entra en juego la normativa favorable de la Comunidad de Madrid y la herencia se liquida según la normativa estatal.

20 abr. 2009

Los consumidores de China se llevan la mano al bolsillo, pese a la crisis mundial

Por Mei Fong y Norihiko Shirouzu

BEIJING—El primer ministro chino Wen Jiabao afirmó que las medidas de estímulo lanzadas por el gobierno están ayudando a impulsar el gasto de los consumidores y el crecimiento. Aunque advirtió de "prolongadas dificultades" a medida que se expande la crisis financiera, las automotrices extranjeras y otros fabricantes ya están experimentando un inesperado repunte en sus ventas en China.

La capacidad de resistencia del gasto chino contrasta con los pronunciados recortes que han realizado los consumidores estadounidenses y europeos y podría ayudar a que el país se recupere más rápidamente de la crisis financiera. Ello podría beneficiar a América Latina, que exporta parte de sus recursos naturales al gigante asiático.

Una andanada de préstamos bancarios, estimulada por el gobierno, está aumentando el volumen de inversión en China. Los consumidores salen a comprar en respuesta a incentivos como una caída en las tasas hipotecarias e incentivos gubernamentales para la compra de autos.

La economía china se desaceleró bruscamente en el primer trimestre pero, de todo modos, registró un crecimiento de 6,1%. Las ventas minoristas aumentaron 15,9% en los primeros tres meses del año. Aunque la cifra representa un leve descenso frente a la expansión de 17,7% del cuarto trimestre del año pasado, los economistas destacaron que el crecimiento del consuno es alentador si se toma en cuenta el enfriamiento de la economía, el alza del desempleo y la disminución del consumo en las principales economías del mundo.

Wen recalcó que "la confianza es más importante que el oro o el dinero", y los niveles de gasto de los consumidores sugieren que los esfuerzos de Beijing para levantar la moral están dando resultado.

Las automotrices han sido uno de los grandes beneficiarios. Las ventas de vehículos en China aumentaron 5% para alcanzar un récord de 1,11 millones de unidades en marzo, un posible cambio de dirección frente al cuarto trimestre, cuando descendieron considerablemente.

Mercedes Benz, de Daimler AG, y Audi AG, de Volkswagen AG, batieron récords de ventas en China en marzo, al igual que General Motors Corp.

Las automotrices extranjeras están llegando a China esta semana para participar en el Salón del Automóvil de Shanghai, donde Mercedes Benz presentará su rediseñado sedán S65.

En China, las personas "aún tienen el dinero para comprar un Mercedes", afirmó Ulrich Walker, presidente de las operaciones de Daimler en el noreste de Asia. "Prevemos que la tendencia de crecimiento positivo persista".

Walker sostiene que aunque sus clientes, que pueden gastar más dinero, no toman en consideración los subsidios estatales para autos, los boyantes mercados bursátiles chinos están ayudando. "Actualmente todas las señales que estamos recibiendo parecen ser positivas" para tener un buen desempeño este año, señala.

Las ventas de autos despegaron en las concesionarias en áreas rurales de China que ofrecen minivans de fabricación china, luego de que el gobierno lanzara un programa que ofrece reembolsos en efectivo para agricultores que compren autos nuevos o cambien los modelos viejos. Los vehículos Wuling, construidos por una filial de General Motors, siempre han sido relativamente económicos, cuestan entre US$4.400 y US$5.500, pero los reembolsos los volvieron más atractivos.

La crisis financiera global también deja al descubierto las diferencias entre los consumidores de China y los del resto del mundo. El 75% de los chinos planea mantener o aumentar su nivel de gasto el año próximo, según un estudio realizado por Boston Consulting Group, casi el doble que los de Estados Unidos y la Unión Europea. Los consumidores chinos también parecen estar menos nerviosos sobre sus finanzas personales. Sólo 23% prevé que la economía empeore en 2009, comparado con 32% en EE.UU., 49% en Europa y 57% en Japón.

Los consumidores chinos están gastando en parte porque tienen una mayor confianza en el gobierno, arraigada en tres décadas de crecimiento económico ininterrumpido. "La generación más joven [en China] no tiene malos recuerdos. Hicimos la encuesta en Brasil, donde la economía real está bien, pero la gente aún tiene malos recuerdos [de crisis económicas previas]. Así que aunque la economía real allí no esté tan mal, más personas están reduciendo sus gastos", afirmó Carol Liao, socia y directora ejecutiva de la oficina de China y alrededores de Boston Consulting.

[China]
Fuente: WSJ