21 may. 2010

La regulación financiera según Paul Volcker

Por Bob Davis

Al ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volcker le gustan las tareas difíciles. Como titular del banco central estadounidense entre 1979 y 1987, controló la inflación al elevar las tasas de interés a 20%, y soportó duras críticas cuando la economía se hundió en una recesión.

Desde entonces, ha investigado sobre corrupción en las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y ha descubierto decenas de miles de cuentas bancarias en Suiza que podrían haber pertenecido a víctimas del Holocausto. A los 82 años, este imponente economista asumió otro gran trabajo: reformar la regulación del sistema bancario global, incluida la incorporación de la llamada regla Volcker, que limitaría las capacidades de los bancos de poseer fondos de cobertura y realizar operaciones de corretaje con recursos propios.

Volcker conversó con The Wall Street Journal antes de que la controversia sobre Goldman Sachs dominara los titulares. Esta es una transcripción editada.

WSJ: ¿Por qué es tan importante prohibir que los bancos realicen operaciones de corretaje con sus propios fondos o que posean fondos de cobertura o firmas de inversión de capital privado?

Volcker: El problema subyacente que tenemos es este tema de ser "demasiado grande para quebrar". ¿Cómo lidiamos con eso?

Podemos por lo menos comenzar por decir: "No salvemos a todos". Quiero trazar una distinción entre las (instituciones) que están dentro de la "red de seguridad" y están allí desde hace años —los bancos más grandes— porque la justificación es que proveen funciones esenciales. Pero no quiero extender la red de seguridad —que se traduce en acceso a préstamos de la Reserva Federal y también seguros para los depósitos— como fue extendida en el punto más álgido de la crisis, a bancos de inversión, a AIG y a General Electric. La idea es que si uno se mete en problemas —problemas que significan la quiebra— y no es un banco, no será rescatado.

WSJ: ¿Cómo describiría sus opiniones sobre el sistema bancario frente a las de sus críticos?

Volcker: Los bancos brindan un servicio importante, cuya continuidad debe ser protegida, y los demás deberían estar en el mercado arreglándoselas por su cuenta. La filosofía rival por estos días, para decirlo con simpleza, es que todo el mundo es un fondo de cobertura. De ser así, lo único que importa es cuán grandes son, o cuán interconectados están. Y entonces lo que se hace es regularlos a todos por el tamaño...

WSJ: Entonces, ¿la idea detrás de la filosofía rival es que todas las instituciones financieras son reguladas según su tamaño y su interconexión, sean o no bancos?

Volcker: Sí, aunque quizás no todas sean reguladas porque quizás sean demasiado pequeñas para molestarse.

Pero creo que incluso en ese caso, se vuelve in poco incoherente porque todos los bancos serán regulados. Todos concuerdan en que todos los bancos, sin importar su tamaño, serán regulados.

Pero los defensores de esta filosofía básica no llegan al punto de decir que un pequeño fondo de cobertura será regulado o cada pequeño fondo de inversión será regulado. Dicen que los más grandes son todos tratados por igual y, desde esa perspectiva, los únicos que importan, para ser un poco cínico, son los más grandes.

WSJ: ¿Cuál es el problema en ese caso?

Volcker: El problema es que o protege demasiado o muy poco. Vuelvo a mi primer principio, que los bancos desempeñan una función que históricamente ha sido protegida y que creo que aún necesita ser protegida. Y no quiero extender la protección a quienes no son considerados esenciales para el funcionamiento de la economía.

Ahora, se puede decir eso que Goldman Sachs [que operaba como una casa de inversión antes de solicitar una licencia bancaria durante la crisis financiera] es tan esencial para el funcionamiento de la economía como J.P. Morgan. Yo no lo creo, pero ese es el argumento. Atravesamos un período... en el cual, en el medio de la crisis, por razones que son entendibles bajo las circunstancias, los directores fueron protegidos, los acreedores fueron protegidos y, hasta cierto punto, los accionistas fueron protegidos debido al temor a un contagio. Comprendo ese temor, pero dejó un poco de incertidumbre sobre quién iba a ser protegido y quién no. Así que intento echar un poco de luz sobre eso.

WSJ: ¿Los cambios de regulación financiera global deben ser implementados desde el Grupo de los 20?

Volcker: Creo que se pone más peso sobre el G-20 de lo que quizás pueda soportar. Pero en esta área en particular... creo que es el foro lógico si se busca un acuerdo más amplio.

Y espero que el apoyo trascienda la llamada regla Volcker y abarque una autoridad de resolución más clara [y otras medidas]. El G-20 es sólo un medio para reunir a la gente.

20 may. 2010

La muerte del sueño europeo

por Gideon Rachman

Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el año pasado, algunos líderes europeos se permitieron soñar con un nuevo orden mundial –en el que la UE fuera reconocida finalmente como una superpotencia global, al mismo nivel que EEUU y China–.

En las últimas semanas, no cabe duda de que Europa ha atraído la atención del resto del mundo –pero no de la forma que esperaba–. En lugar de admirar a la UE por su dinamismo y poder, el resto del mundo observa la crisis económica que se desarrolla en el continente con fascinación y horror. La asistencia desde Washington o Pekín a la lucha por salvar al euro es similar a presenciar un accidente de coche desde el carril de sentido contrario de la carretera. Ya es bastante malo ser espectador de ello, pero es que además temen ser alcanzados por los restos que saltan.

Los espectadores estadounidenses y asiáticos tienen buenos motivos para temer un contagio de la crisis de la deuda soberana en Europa. Un largo periodo de baja demanda en la UE –que, colectivamente, sigue siendo la mayor economía mundial– también perjudicaría a la recuperación económica global.

Es lógico que la atención internacional se centre en primera instancia en las repercusiones económicas de la crisis en Europa. Pero también existen importantes consecuencias políticas, aunque a primera vista menos obvias. Resulta fácil burlarse de las pretensiones de las autoridades de Bruselas. Pero el hecho es que la UE significa –o tal vez lo hiciera– algo importante en la escena mundial.

Lo que Europa representa no es tanto el poder puro como la fuerza de una idea –un sueño europeo–. Para los internacionalistas de todo el mundo, para los que creen en una mayor cooperación entre naciones, para aquellos que presionan para que se establezca un orden legal internacional, la UE es un ejemplo para la esperanza.

Si el experimento europeo empieza a desmoronarse –después de más de 60 años de concienzudos avances–, las ideas que representa Europa también se verán severamente dañadas, y pueden cobrar fuerza las opuestas –la primacía del poder sobre la ley, la supremacía del estado nación, el autoritarismo–.

Los partidarios extranjeros del sueño europeo no son sólo profesores poco conocidos de facultades de letras estadounidenses –aunque existen muchos–. Entre sus defensores están el primer ministro de Japón y el presidente de EEUU.

Poco antes de asumir el cargo, Yukio Hatoyama, el primer ministro japonés, pidió el establecimiento de una divisa panasiática a imagen del euro y citó como inspiración personal a los primeros defensores de la unidad europea. Barack Obama, el presidente estadounidense, ha mostrado su admiración por el modelo europeo de forma mucho menos abierta. Los privilegios del poder americano y las restricciones de la política estadounidense son importantes limitaciones para su adopción explícita de Europa como modelo.

Sin embargo, tanto la política interior como la exterior de la Administración Obama parecen mucho más europeas que las de la Administración Bush. Las reformas sanitarias de Obama se apoyaron desde Europa. Y, pese a que la Administración Bush mostraba a menudo un abierto desprecio hacia las ideas en política exterior promovidas por los europeos, la Administración Obama es mucho más comprensiva.

La oficina de planificación política del Departamento de Estado –que en otras épocas albergó a grandes mentes como George Kennan y Francis Fukuyama– está dirigida en la actualidad por Anne-Marie Slaughter, una académica y abogada internacional que expone que la idea definitoria de la política exterior de la Administración Obama es la creencia en que los mayores problemas globales –como el cambio climático y la proliferación de armas nucleares– no los puede resolver EEUU sólo. La cooperación internacional es indispensable. Es el tipo de argumento que se escucha continuamente en Bruselas pero que no estaba precisamente de moda en el Washington de Bush.

Sin embargo, la crisis económica europea ha complicado la postura de aquellos estadounidenses o asiáticos que quieren defender que el resto del mundo debería aprender de Europa. La semana pasada, conocí a un miembro de la clase dirigente japonesa que se reía de la idea de que su primer ministro hubiera llegado a creer en algún momento que Europa podría ser un modelo. En EEUU, los conservadores han aprovechado la crisis financiera europea para exponer que la supuesta adopción de Obama del “socialismo” de estilo europeo llevará a EEUU a la quiebra.

Mientras que los admiradores extranjeros de la UE están a la defensiva, aumenta el número de euroescépticos. Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea, un gabinete asesor defensor de la UE, asegura que se ha visto sorprendido en sus recientes viajes por el creciente desdén hacia Europa en Nueva Delhi, Pekín y Washington. “Se nos ve atrapados en un permanente declive económico y demográfico, y nuestras pretensiones sobre el poder se tratan con desprecio”, lamenta.

Hace algunos años, Jeremy Rifkin, un escritor estadounidense, publicó un libro titulado El sueño europeo, que provocó un gran revuelo en Bruselas. Rifkin exponía que Europa era un modelo para el futuro. “Mientras que el espíritu americano languidece, está naciendo un nuevo sueño europeo”, escribió. “Es un sueño mucho más adecuado para la próxima fase del viaje del ser humano –uno que prometa dar a la humanidad una conciencia global acorde con una sociedad cada vez más interconectada–”.

Al leer hoy esas palabras, no se si reír o llorar.

The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved

19 may. 2010

Regreso al abismo

por Nouriel Roubini

Una interpretación de las crisis financieras es la de que son, en palabras de Nasim Taleb, acontecimientos del estilo de un “cisne negro” (es decir, fuera de lo habitual): sucesos no planificados ni previsibles que cambian el curso de la Historia. Pero, en mi nuevo libro sobre las crisis financieras, Crisis Economics (“La economía de las crisis”), que versa no sólo sobre la crisis reciente, sino también sobre docenas de otras a lo largo de la Historia y tanto en economías avanzadas como en las de mercados en ascenso, muestro que las crisis financieras son, en cambio, acontecimientos del estilo de los “cisnes blancos”, es decir, previsibles. Lo que está sucediendo ahora –la segunda fase de la crisis financiera mundial– no era menos previsible.

Las crisis son el resultado inevitable de una acumulación de riesgos y vulnerabilidades macroeconómicos, financieros y de políticas: burbujas de activos financieros, asunción de riesgo excesivo y apalancamiento, auges crediticios, relajación monetaria, falta de supervisión y regulación apropiadas del sistema financiero, codicia e inversiones arriesgadas por parte de los bancos y otras entidades financieras.

La Historia indica también que las crisis financieras suelen modificarse con el tiempo. Las crisis como las que hemos padecido recientemente se debieron inicialmente a una deuda y un apalancamiento excesivos entre los agentes del sector privado –familias, bancos y entidades financieras, empresas–, lo que con el tiempo propició un reapalancamiento del sector público cuando el estímulo fiscal y la socialización de las pérdidas privadas –programas de rescate– causaron un peligroso aumento de los déficits presupuestarios y del volumen de la deuda pública.

El riesgo de la deuda
Si bien semejantes estímulos fiscales y rescates pueden haber sido necesarios para impedir que la gran recesión se convirtiera en una nueva Gran Depresión, la acumulación de deuda pública, junto con la privada, entraña un gran coste. Con el tiempo hay que reducir esos grandes déficits y deudas mediante mayores impuestos y menos gasto y esa austeridad –necesaria para evitar una crisis financiera– suele aminorar el ritmo de la recuperación económica a corto plazo.

Si no se abordan los desequilibrios fiscales mediante reducciones del gasto y aumentos de los ingresos, sólo quedan dos opciones: la inflación para los países que se endeudan en su propia moneda y pueden monetizar sus déficits o la quiebra para los países que se endeudan en una divisa extranjera o no pueden imprimir su propia moneda.

Así, los acontecimientos recientes en Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España son simplemente la segunda fase de la reciente crisis financiera mundial. La socialización de las pérdidas privadas y la laxitud fiscal encaminada a estimular las economías en recesión han propiciado una peligrosa acumulación de déficits presupuestarios y deuda públicos. Así, pues, la reciente crisis financiera mundial no ha acabado; al contrario, ha alcanzado una fase nueva y más peligrosa.

De hecho, una definición práctica de una crisis financiera es la de un episodio que obliga a las autoridades a pasar un largo fin de semana intentando desesperadamente anunciar un nuevo plan de rescate para evitar el pánico nacional y mundial antes de que los mercados abran el lunes. En los últimos años, esas sesiones de fines de semana y sin dormir estuvieron dedicadas a los rescates necesarios de empresas privadas: Bear Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG, rescates bancarios, etcétera.

Y, naturalmente, esos dramas de fin de semana no han acabado, pues las autoridades de la Unión Europea y de la zona del euro pasaron un fin de semana preparando desesperadamente un plan de rescate no sólo para Grecia, sino también para otros miembros débiles de la zona del euro. La progresión está clara: primero vino el rescate de empresas privadas y ahora llega el rescate de los rescatadores, es decir, los gobiernos.

Rescates colosales
La escala de dichos rescates está aumentando enormemente. Durante la crisis financiera asiática del período 1997-1998, Corea del Sur, economía de mercado en ascenso relativamente grande, recibió un plan de rescate del FMI que entonces se consideró muy grande: 10.000 millones de dólares.

Pero, después de los rescates de Bear Sterns (40.000 millones de dólares), Fannie Mae y Freddie Mac (200.000 millones de dólares), AIG (hasta 250.000 millones de dólares), el Programa de Rescate de Activos Tóxicos (700.000 millones de dólares), ahora tenemos la madre de todos los rescates: el billón de dólares de rescate de los miembros de la zona del euro con problemas por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Mil millones de dólares solían ser mucho dinero; ahora un billón de dólares es la “nueva normalidad” o –parafraseando la novela y la película El diablo viste dePrada–, ¡un billón es los nuevos diez mil millones!

Los gobiernos que rescataron nuestras empresas privadas necesitan ahora rescates, a su vez, pero, ¿qué ocurrirá cuando se acabe la buena disposición política de Alemania y otros acreedores disciplinados –muchos de ellos correspondientes ahora a mercados en ascenso– a financiar semejantes rescates? ¿Quién rescatará entonces a los gobiernos que han rescatado a bancos y entidades financieras privados? Los mecanismos de nuestra deuda mundial se parecen cada vez más a un plan Ponzi.

Medicina contra las catástrofes fiscales
Si bien se conoce perfectamente la medicina adecuada para evitar catástrofes fiscales, el obstáculo principal para la consolidación y la disciplina fiscales es el de que los gobiernos débiles de todo el mundo carecen de capacidad y voluntad políticas para aplicar la austeridad.

El estancamiento político que hay en Washington y en el Congreso norteamericano demuestra la falta del espíritu bipartidario necesario para abordar las cuestiones fiscales de los Estados Unidos. En el Reino Unido, un Parlamento sin mayoría ha tenido como consecuencia un gobierno de coalición que tendrá una gran dificultad para aplicar la necesaria disciplina fiscal.

En Alemania, la canciller Angela Merkel ha perdido unas elecciones estatales decisivas después del rescate de Grecia y el Japón tiene un gobierno débil e ineficaz que parece negarse a reconocer la magnitud del problema que afronta. En la propia Grecia, hay disturbios en las calles y huelgas en las fábricas; en el resto de los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia y España), la disciplina fiscal será política y socialmente dolorosa. Así, pues, los obstáculos políticos pueden impedir la aplicación de la austeridad fiscal y de las reformas estructurales.

A consecuencia de ello, es probable que “la economía de crisis” nos acompañe durante mucho tiempo. De hecho, la reciente crisis financiera no ha acabado y –lo que es peor– la medicina usada para tratarla puede haber sido en parte tóxica. Parece haber debilitado aún más al paciente y haberlo vuelto más adicto a drogas peligrosas, además de menos resistentes a nuevas cepas del virus, que en algunos casos pueden resultar fatales.

Profesor de Economía de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y presidente de Roubini Global Economics

Fuente: Expansión

18 may. 2010

Societización y privatización de las cajas de ahorro

por Lupicinio Rodríguez

Hace unos días conocíamos la noticia de que los líderes de los dos principales partidos políticos habían llegado a un acuerdo para reformar la legislación estatal sobre cajas de ahorros. De esta manera se hacían eco del clamor que desde distintos sectores reclamaba desde hace tiempo, e incluso antes del inicio de la presente crisis económica, tal reforma.

Las razones que propician la necesidad de una nueva normativa son fundamentalmente tres. En primer lugar, articular mecanismos que permitan mejorar la capitalización de las cajas. Es indudable que en la actual situación hay que fortalecer su “músculo financiero” para que de esta manera puedan operar con solvencia en unos mercados cada vez más globalizados, tengan capacidad para hacer frente a la complicada situación con la que convivimos y finalmente se actúe en consonancia con los requerimientos de los Acuerdos de Basilea.

En segundo lugar, es imprescindible despolitizar el gobierno de las cajas, eliminando o reduciendo drásticamente de sus órganos gestores la presencia de cargos políticos, que deben ser sustituidos por profesionales puramente técnicos. Por último, en tercer lugar, es necesario facilitar la fusión entre entidades originarias de distintas Comunidades Autónomas, de tal manera que en el futuro sean menos localistas.

Pero con independencia de los motivos expuestos y de otros de menor calado, la reforma legal que aparentemente se va a emprender ofrece una magnífica ocasión para modernizar radicalmente las estructuras jurídicas de las cajas de ahorros. Sería una lástima abordar unas modificaciones más o menos “cosméticas” para salir del paso y hacer frente a los problemas más acuciantes, omitiendo una reflexión profunda y detenida sobre los retos del futuro y las adaptaciones que los mismos requieren.

Posiblemente este es el momento para que los poderes públicos, atentos siempre a los impulsos de la sociedad civil, acometan una intensa reforma de los parámetros jurídicos y financieros dentro de los que se mueven las cajas. En este sentido, debemos recordar que en diversos países, como por ejemplo el Reino Unido o Italia, en los que estas instituciones de crédito tienen una larga tradición y su arraigo en la sociedad y en el mundo de los negocios ha sido indiscutible, se emprendieron hace más de dos décadas unos interesantes procesos de reforma que pueden ser muy ilustrativos para el legislador español.

Especial interés reviste para nosotros el caso de Italia, pues se trata de un Estado con innegables similitudes y paralelismos con el nuestro. Es cierto que la vigente legislación italiana tiene aspectos discutibles y en su aplicación han surgido diversos problemas prácticos, pero en general se trata de un modelo sólido, como lo demuestra entre otros extremos el hecho de que diversos autores alemanes lo hayan invocado como un elemento inspirador importante a la hora de reformar su propia normativa sobre cajas de ahorro.

Al filo de los años noventa del pasado siglo existían en Italia más de ochenta cajas de ahorro y un pequeño número de institutos de crédito público. Por diversas razones, pero sobre todo para hacerlos más eficientes en su operatividad en el mercado financiero se decidió abordar en profundidad su reforma.

El primer y fundamental paso fue la Ley Amato-Carli de 30 de julio de 1990 (nº 218). En esencia, y brevemente descrita, la reforma consistió en la escisión entre la propiedad y el negocio bancario mediante la creación de dos personas jurídicas distintas. De esta manera, cada caja constituyó, por un lado, una sociedad anónima a la que se atribuía la actividad puramente bancaria, y por otro lado, una fundación que asumía la propiedad de dicha sociedad anónima.

Interés público y social
La fundación continuaba con las funciones de interés público y social que hasta entonces había desarrollado la caja, por el contrario, la sociedad operaba en el mercado como un banco mas, lo cual aumentaba su eficiencia en los más diversos aspectos (captación de capital, expansión geográfica, etc.) y además tenia la ventaja añadida de que facilitaba mucho los procesos de fusión entre diversas entidades.

La nueva Ley estuvo muy atenta a conceder determinados beneficios fiscales para favorecer los procesos de transformación. Hay que destacar que, como pusieron de relieve diversos autores italianos y extranjeros, esta reforma no significó forzosamente la privatización de las cajas, puesto que la propiedad siguió en manos de las fundaciones, y tampoco implicó la desaparición de la tradicional labor social de las mismas.

La Ley Amato-Carli fue el inicio de un proceso de reformas legislativas que prácticamente llega hasta nuestros días. Los hitos más significativos del mismo han sido los siguientes. En 1994 mediante la Ley Nº 474 y la llamada Directiva Dini, de 18 de noviembre, se acometió propiamente la privatización de las entidades al establecer un procedimiento orientado a la progresiva reducción de la presencia de las fundaciones en las sociedades.

Se buscaban dos objetivos fundamentales: diversificar el patrimonio de las fundaciones, que ya no se podía limitar exclusivamente a su participación en las sociedades, y simultáneamente se pretendía diversificar su riesgo, lo que se lograba al ampliar la composición de su patrimonio. No obstante, la fundación podía continuar siendo el accionista de referencia o de control de la sociedad, que era la única que se podía dedicar al negocio bancario, que estaba totalmente vedado a la fundación.

Diversificación de riesgos
Cuando estaba concluyendo el periodo para la implementación de los mandatos de la Directiva Dini, la Ley y el Decreto Ciampi (Ley 461/1998 y Decreto Legislativo 153/1999) vinieron a continuar el proceso. Además de aclarar que las fundaciones con origen en las cajas eran personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, su principal aportación consistió en establecer para dichas fundaciones la obligación de reducir la participación mayoritaria en las sociedades bancarias, de tal manera que solo podían tener participaciones de control en empresas cuya actividad fuese necesaria para el logro de sus fines estatutarios, es decir, la utilidad social. De esta manera, se profundizaba en la diversificación patrimonial y de riesgos de las fundaciones a la vez que se hacía más nítida su separación de las entidades bancarias.

La evolución ha continuado con diversas disposiciones de principios de la presente década. Entre otros aspectos se ha incidido en los siguientes puntos: se amplían los sectores a los que las fundaciones pueden dedicar sus actividades, pero siempre con una clara orientación social, a la vez que se limita un poco su naturaleza privada y se refuerza el control público sobre las mismas. Igualmente, las fundaciones pueden entregar sus participaciones bancarias a una sociedad de gestión de ahorro.

Con lo que hasta aquí hemos expuesto queremos hacer una aportación al debate que sobre el futuro de las cajas de ahorros se está empezando a plantear en nuestro país. La situación económica requiere la adopción de decisiones mesuradas pero también valientes e imaginativas. El modelo italiano nos demuestra que la reforma de las cajas de ahorros es un proceso complejo en el que el devenir de las cosas no es unívoco y son muchos los factores a considerar: legales, fiscales, financieros, demográficos, etc.

Además, en España la realidad del Estado autonómico introduce un factor más de dificultad. Sin embargo, el caso del país transalpino también pone de relieve que en este sector podemos conjugar las inevitables e imprescindibles reformas que la situación exige con la tradicional proyección social que las cajas de ahorros vienen teniendo hasta ahora.

Socio Director Eversheds Lupicinio

17 may. 2010

El BCE monetiza bonos basura

por Francisco Cabrillo

La semana pasada se hizo pública una encuesta que reflejaba que más del 60% de los ciudadanos alemanes quieren que su país se salga de la zona euro y restablezca el marco como unidad monetaria.

No se trata, por tanto, como se ha dicho muchas veces, de que Alemania quiera expulsar a Grecia (y, tal vez, también a Portugal o a España) de la Unión Monetaria Europea. Son ellos los que quieren marcharse. Y, sinceramente, si yo fuera alemán, también desearía dejar una compañía tan poco recomendable.

La evolución de los países del sur de Europa en los últimos meses parece dar la razón a los euroescépticos; y me temo que algunas decisiones recientes del BCE han contribuido a confirmar su pesimismo con respecto al euro.

Hace algunos días, el Banco Central Europeo sorprendía a los analistas y a la opinión pública con un comunicado en el que afirmaba haber decidido suspender la aplicación del umbral mínimo de calidad crediticia en los requisitos para utilizar títulos de deuda emitidos por el gobierno griego como garantía en las operaciones de crédito del Eurosistema.

En lenguaje más comprensible, esto quiere decir que el BCE está dispuesto a conceder préstamos con la garantía de unos títulos que un banco comercial prudente rechazaría; o, dicho de otra forma, que el BCE está haciendo crecer su pasivo –el efectivo en manos del público y en las entidades de crédito– aumentando su activo con una deuda de muy baja calidad.

Esta decisión es preocupante por muchos motivos. En primer lugar, porque agrava la situación que ya venía creando el BCE al ofrecer préstamos a la banca con garantía de títulos de deuda pública. Los economistas que tenemos ya algunos años recordamos cómo el Banco de España en otros tiempos financiaba al sistema bancario mediante préstamos garantizados con deuda pública pignorada.

Las críticas a esta política eran frecuentes, y acertadas en la mayor parte de los casos. Con ella, el banco emisor financiaba el gasto público, aunque no concediera préstamos al Tesoro. El resultado era, como es fácilmente imaginable, un crecimiento de la cantidad de dinero y la generación de inflación.

Como es muy difícil que un gobernante no caiga en la tentación de utilizar su banco central para financiar los gastos que no puede cubrir con impuestos, el Tratado de la Unión y el Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo prohiben con claridad la concesión de créditos por parte del BCE y de los bancos centrales del sistema europeo tanto a las instituciones comunitarias como a cualquiera de los órganos que forman el sector público de cada uno de los países miembros. Y tal prohibición se extiende a la "adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el BCE o los bancos centrales nacionales".

Es cierto que no se impide expresamente la compra por parte del BCE de títulos de deuda en el mercado secundario; entre otras cosas porque el principal instrumento de la política monetaria es hoy la realización de operaciones de mercado abierto, que consisten en inyectar –o retirar– liquidez comprando y vendiendo activos financieros, que son, básicamente, instrumentos de deuda pública.

Pero lo que el BCE está haciendo, desde hace ya bastantes meses, es, realmente, evitar la restricción estatutaria que le impide comprar deuda incentivando a que lo hagan entidades financieras con los fondos que el propio BCE les facilita.

Es innegable que esto debilita al euro, que viene depreciándose de forma significativa a lo largo de las últimas semanas… y no, ciertamente, porque los malvados especuladores conspiren contra nosotros, como de forma tan absurda como insistente podemos escuchar cada día.

¿Independencia?
Ante las críticas recibidas por el BCE, que acusan a esta institución de empeorar la calidad de la moneda y olvidarse de la función de garantizar la estabilidad de los precios que le atribuyen los tratados de la Unión, su presidente ha tenido ya que salir en su defensa y ha negado que su banco haya "hecho funcionar la máquina de hacer billetes para comprar obligaciones de países europeos en dificultades"; y ha asegurado que toda la liquidez inyectada en los mercados será recuperada y que garantizará la estabilidad de los precios.

Lo interesante, desde luego, es saber cómo piensa hacerlo; porque la actitud de los gobiernos y otros grupos de presión es muy diferente en cada caso; favorable, sin duda, a las políticas expansivas y contraria a las restrictivas.

Y hemos llegado a la cuestión fundamental: ¿ha dejado el BCE de ser realmente independiente de los gobiernos europeos y ha cedido a sus presiones? Me temo que la prensa y buena parte de la opinión pública alemana ya lo creen.

Hace sólo unos días, Die Welt publicaba la fotografía de una lápida mortuoria con la siguiente inscripción: "Aquí descansa en paz la independencia del Banco Central Europeo, 1998-2010". Rezo para que estén equivocados… pero la verdad es que cada día me siento más alemán.

Fuente: Expansión