12 mar. 2010

A 10 años de la burbuja tecnológica, resurgen los temores

Por E.S. Browning

Los inversionistas que celebraron el martes el primer aniversario del nuevo mercado alcista en Estados Unidos tal vez recuerden una efeméride menos afortunada hoy miércoles: el décimo aniversario del auge de la burbuja de acciones tecnológicas.

El gran debate entre los analistas bursátiles estos días es si el mercado finalmente dejó atrás años de precios excesivos y puede retomar un crecimiento estable.

Los optimistas afirman que dos brutales mercados bajistas han hecho que las acciones estadounidenses se vean baratas y atractivas, especialmente si las iniciativas de Washington para reactivar la economía rinden frutos. Agregan que los inversionistas que pecaron de un exceso de optimismo en los años 90 ahora son demasiado pesimistas y que la recuperación de las empresas podría brindar gratas sorpresas a los inversionistas.

Sin embargo, algunos de los que advirtieron sobre los problemas que se avecinaban hace una década están nuevamente preocupados. Afirman que las intervenciones del gobierno en la economía y el mercado en 1998, 2001 y 2008 impidieron que los precios bursátiles se corrigieran por completo. Algunos divisan señales de burbujas que se están volviendo a inflar, particularmente en las acciones de algunos países en vías de desarrollo.

Esta incertidumbre ha alimentado un prolongado debate entre dos viejos amigos, los prominentes economistas Robert Shiller y Jeremy Siegel. Cuentan que han debatido el asunto durante sus vacaciones juntos en la costa de Nueva Jersey. Shiller, un profesor de la Universidad de Yale cuyo libro Irrational Exhuberance (Exuberancia Irracional) alertó sobre una burbuja tecnológica justo antes de su estallido en 2000, sigue preocupado por el futuro del mercado. Siegel, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania cuyo libro Stocks for the Long Run (Acciones para el largo plazo) fue la Biblia para muchos inversionistas en los 90, es optimista.

Ambos pueden citar una gran cantidad de datos para respaldar su punto de vista y la dirección que tome el mercado podría afectar su reputación como pronosticadores.

Los últimos diez años han sido una década perdida para los inversionistas bursátiles. El Promedio Industrial Dow Jones, que cerró el martes en 10.564 puntos y acumula un alza de 61% desde su punto más bajo durante la recesión hace un año. El aumento sólo le ha servido para recuperar la mitad de las pérdidas registradas desde su máximo de 14.164,53 unidades en octubre de 2007. Las acciones del índice se están negociando a un nivel que alcanzaron por primera vez en abril de 1999.

Un motivo de preocupación para los pesimistas como Shiller es que, pese a dos mercados bajistas, las acciones estadounidenses han cotizado casi todo el tiempo desde 1991 por encima de su promedio histórico. La historia sugiere que cuando los precios de los títulos son altos, el desempeño en los años posteriores es decepcionante.

Ninguno de los analistas vaticina otra década tan nefasta como la previa: el mercado se encuentra muy lejos de los excesivos precios del año 2000. Tampoco pronostican cuándo el mercado estará en problemas. Sostienen que, tarde o temprano, quizás cuando se disipe el estímulo fiscal de EE.UU., las acciones podrían generar retornos decepcionantes e incluso algunas pronunciadas fluctuaciones. "El daño de una década aún no nos ha devuelto a las normas históricas" en cuanto a los precios accionarios, indica Robert Arnott, quien advirtió sobre problemas en 2000 y cuya firma, Research Affiliates, administra directamente US$4.000 millones en activos. Burbujas bursátiles previas fueron seguidas por extensos períodos en los que "el mercado tiene precios de descuento", algo que esta vez no ha sucedido, recalca Arnott.

Las intervenciones del gobierno se remontan a la cesación de pagos de Rusia en 1998, cuando la Reserva Federal intervino para reducir las tasas de interés y apuntalar los mercados financieros. Las acciones estadounidenses volvieron a colapsar en 2000, lo que condujo a un mayor respaldo del Estado y al comienzo de las reducciones de las tasas de interés en 2001, especialmente después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. El mercado bursátil cayó de forma más brusca en 2008 y los bancos centrales de todo el mundo inyectaron billones de dólares en el sistema financiero, al bajar las tasas de interés a casi cero.

Los mercados estaban repuntando en agosto del año pasado cuando Shiller y Siegel se juntaron con sus esposas en la casa de playa del último en una isla al sur de Atlantic City, en Nueva Jersey. Los dos han sido amigos desde cuando hicieron su postgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 70. Caminando por la playa durante horas, hablaron del mercado, sus perspectivas y las mejores maneras de analizarlo.

A Shiller le preocupa una recaída del mercado inmobiliario luego de un breve repunte, lo que podría contribuir a la caída de las acciones estadounidenses, que ya le parecen caras. "Me pregunto si habrá otra pausa en el mercado", señala, aunque subraya que el mercado es mucho menos caro hoy que cuando escribió su libro.

Siegel desestima los temores y las cifras de su amigo. "Este es un mercado extremadamente barato", asegura, y su futuro es brillante.

Shiller ha compilado datos que se remontan a 1881, registrando los precios de las acciones mes a mes en relación a las ganancias de las empresas. Para evitar distorsiones de corto plazo, utiliza un promedio de ganancias de los 10 años previos. En el largo plazo, según sus cálculos, las acciones se negocian a un promedio de unas 16 veces las ganancias corporativas anuales, es decir, su relación precio-ganancias es de aproximadamente 16. El economista descubrió que cuando la relación sube por encima de 20, como en la actualidad, el mercado es caro y que tarde o temprano habrá una seguidilla de retornos decepcionantes.

Siegel prefiere tomar en cuenta las proyecciones de ganancias futuras de los analistas, ajustadas para excluir rebajas contables y partidas especiales extraordinarias. Su libro también analiza el desempeño bursátil desde el siglo XIX. Halló que de todas las inversiones, las acciones generan, de lejos, los mejores resultados a largo plazo, con un retorno promedio real de 7% al año. En momentos como el actual, cuando las ganancias repuntan, tienen un desempeño aún mejor que el promedio, insiste.

[bolsa]

11 mar. 2010

La Reserva Federal libra una batalla interna por la regulación de los bancos

Por Jon Hilsenrath

La peor parte de la crisis bancaria puede haber acabado hace tiempo, pero la disputa por la Reserva Federal de Estados Unidos entra en una etapa crucial en la que su carácter y papel serán, casi con certeza, redefinidos.

La Fed ha tratado de protegerse de esfuerzos en el Congreso para reducir sus facultades para regular los bancos estadounidenses, pero en su interior se libra una batalla menos visible. El organismo ha iniciado una reorganización de su ejército de 3.000 supervisores bancarios, lo que ha centralizado más poder en Washington y, en ocasiones, ha enfrentado a los funcionarios de sus 12 bancos regionales con los de la capital.

Las fisuras en el banco central salieron a la superficie el año pasado en una oficina de la Fed en Memphis. Los presidentes de los bancos regionales se quejaron ante el vicepresidente de la Fed, Donald Kohn, de que el grupo de supervisión bancaria en Washington estaba a la deriva y no les brindaba a los bancos regionales la orientación necesaria sobre cómo navegar la crisis bancaria. Poco tiempo después, sin embargo, Washington estaba más involucrada que nunca.

"El nivel de estrés de los últimos años ha sido bastante alto", reconoce William Estes, de 60 años, quien se retiró como director del grupo de supervisión de la Fed de Atlanta. Desde entonces, el grupo ha sido reestructurado. "En determinado momento, ya era demasiado".

Aunque hasta cierto punto es una lucha territorial, la lucha por, y dentro de, la Fed es mucho más que eso. Es parte de una batalla más amplia sobre cómo se debería regular el sistema financiero de EE.UU., que no se ha resuelto 18 meses después de haber estado al borde del colapso. El resultado final podría tener un impacto tan grande en las finanzas como las reformas de los años 30, cuando se formó la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), o las de los 90, cuando los bancos obtuvieron la libertad para expandirse a otros estados y crear oficinas de corretaje para competir con las firmas de Wall Street.

El desenlace influirá en cómo las compañías financieras interactúan con el público, quién decide cuánto riesgo pueden asumir y, en última instancia, qué tan rentables son. En juego, más allá de eso, están la efectividad de la Fed para encauzar la economía hacia un bajo nivel de desempleo e inflación, y la capacidad de EE.UU. de eludir crisis financieras en el futuro.

Antes de 2008, los reguladores y Wall Street estaban convencidos de que un cuarto de siglo de innovación financiera había hecho que el sistema fuera más seguro al dispersar el riesgo; era mejor dejar la responsabilidad en manos de los gestores de riesgo de los bancos que en los reguladores. Hoy, prevalece una nueva mentalidad en varios lugares, incluida la Fed, que instruye a los bancos comerciales en todo tipo de actividades, desde la remuneración de los empleados hasta cómo ajustarse a los riesgos en áreas como los bienes raíces comerciales y los préstamos al sector de la construcción.

"Hemos estado realizando un exhaustivo autoexamen de nuestras responsabilidades regulatorias y supervisoras y hemos estado implementando mejoras activamente", afirmó el presidente de la Fed, Ben Bernanke, el pasado mes, cuando solicitó a los legisladores que preserven las facultades del banco central. Resaltó que sería un "gran error" diluir el poder de supervisión de la Fed, al esgrimir que dañaría la capacidad del banco central de manejar la economía y responder a las emergencias financieras.

Cuando EE.UU. creó el banco central en 1913, un acuerdo alcanzado tras un acalorado debate dividió el poder entre Washington, Nueva York y los bancos regionales. Posteriormente, creció la autoridad de Washington, pero los bancos regionales han seguido jugando un papel preponderante, especialmente en temas regulatorios. La junta de gobernadores de la Fed en Washington les ha traspasado a los bancos regionales muchas responsabilidades en la supervisión de unos 800 bancos pequeños regulados por los estados y más de 5.000 holdings bancarios. Cerca de 17.000 de los 20.000 empleados de la Fed trabajan en los bancos regionales de la entidad.

Hace cinco años, un gobernador de la Fed buscó centralizar en Washington la supervisión de los mayores bancos del país. "Sentí que no estábamos siendo tan efectivos", recuerda Susan Bies, que ya no forma parte de la junta. "No teníamos una visión general suficientemente sólida de lo que ocurría en todo el sistema". Según varias personas que participaron en las conversaciones, su esfuerzo fue derrotado por Timothy Geithner, el entonces presidente del banco de la Fed de Nueva York, que supervisa algunos de los mayores bancos. Geithner, actualmente secretario del Tesoro de EE.UU., no quiso hacer declaraciones.

Los bancos regionales se encuentran en medio de una incómoda división público-privada. La junta de cada uno de ellos está compuesta por tres directivos que representan a los bancos comerciales locales, tres personas externas elegidas por los bancos y tres miembros designados por la Fed en Washington. Las juntas eligen a los gobernadores de los bancos regionales, previa consulta con la Fed en Washington. La influencia del banco central sobre las juntas ha dado lugar a acusaciones de un conflicto de interés estructural.

Thomas Hoenig, gobernador del banco de la Fed de Kansas City, refuta tales cuestionamientos y subraya que las juntas no tienen voz ni voto en la supervisión y proveen datos valiosos sobre la economía. "Es importante recibir información de ellas", afirma, sosteniendo que la estructura crea un equilibrio de poderes que beneficia al país.

Una idea aún con vida en el Comité de Banca del Senado es traspasar el poder de supervisión de los bancos pequeños de la Fed a otra agencia. Hace poco, Hoenig advirtió al Congreso que el resultado sería "aún más poder tanto para Washington como para Wall Street en la regulación de instituciones financieras".

Camden Fine, director de un lobby de pequeños bancos, sostiene que el traspaso de la facultad de supervisión de la Fed dejaría a los bancos regionales "básicamente destruidos". Preocupados por esa amenaza, los gobernadores de los bancos regionales han estado presionando personalmente a los legisladores y defendiendo a sus instituciones de forma más enérgica.

[Fed]

10 mar. 2010

Terremoto desnuda la desigualdad social y económica en Chile

Por Matt Moffett y Paulo Prada

SANTIAGO, Chile— El terremoto de Chile ha tenido una réplica inesperada: ha sacudido la confianza del país en su camino a convertirse en un país desarrollado.

Para muchos chilenos, el terremoto expuso profundas grietas sociales y económicas, generando quejas de que los barrios pobres fueron los más golpeados por el sismo y especulación de que los saqueos rampantes fueron en parte una venganza contra los más acaudalados.

La socióloga Lucia Dammert lo llamó "un terremoto social" que reveló "un país fracturado, dividido socialmente con una población que se siente excluida y como resultado de ello actúa con una falta de valores comunales".

Los barrios más acaudalados del nororiente de Santiago sufrieron pocos o ningún daño, debido a la sólida arquitectura moderna que cumple con uno de los códigos de construcción más estrictos del mundo. Abraham Senerman, arquitecto de un edificio de 52 pisos que pronto será inaugurado en Las Condes, uno de los barrios más elegantes de la capital, se jactó en los medios de que la torre sobrevivió el sismo casi ilesa.

Al otro lado de la ciudad, en el popular barrio de Pudahuel, la vivienda de tres habitaciones de Celia Aliaga, una antigua casa de campo hecha de adobe, se derrumbó. "Esto era todo lo que tenía y no me queda nada con que reconstruir", dijo Aliaga, una ama de casa de 56 años que ha estado durmiendo con su familia bajo un techo de hojalata en el patio trasero desde el terremoto.

La brecha económica en la sociedad chilena ha sido un problema que se ha estado gestando durante un buen tiempo, pese a que las reformas de libre mercado han ayudado a impulsar al país a un período prolongado de crecimiento y estabilidad. El 20% de los hogares más pudientes de Chile ganan cerca de la mitad de los ingresos del país, frente al 5% del quinto más pobre.

Recientemente, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en ser invitado a unirse a la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, pero un reporte del exclusivo grupo de economías avanzadas indicó que las inequidades chilenas eran "muy altas" para los estándares del grupo.

El gobierno chileno reconoce que la inequidad sigue siendo un problema y que la gente en áreas rurales y pobres tuvo que esperar más para recibir ayuda, debido a los retos logísticos de llegar hasta ellos.

Sin embargo, refiriéndose a la magnitud del terremoto, que fue sentido por más del 80% de la población, Pilar Armanet, portavoz de la presidenta Michelle Bachelet, dijo que "el terremoto fue muy democrático". Añadió que el tsunami que afectó a las localidades más pobres a lo largo del borde costero también afectó a muchas personas de clase alta y media que estaban veraneando.

Aún así, las diferencias en el estatus económico parecieron tener una influencia decisiva a la hora de determinar la forma en la que la gente soportó el terremoto.

Funcionarios en Santiago han denunciado a algunos constructores por tomar atajos en la construcción de hogares en los barrios menos acaudalados. En Maipú, un suburbio de clase media en el surponiente de Santiago, el alcalde Alberto Undurraga pasó la semana pasada reunido con residentes de dos complejos de apartamentos que se doblegaron con el sismo y tendrán que ser demolidos. Los residentes reclaman airadamente que los apartamentos levantados por la misma constructora en zonas más acaudalados de la ciudad no colapsaron. Los residentes, con la ayuda de la ciudad, están demandando a la constructora y buscan tomar otras acciones legales a través de una agencia de protección al consumidor. Los intentos por contactar a la constructora fueron infructuosos.

Más al sur, cerca del epicentro, el estatus socioeconómico de los chilenos también afectó su visión de los saqueos posteriores al terremoto. Gustavo Rivera, fundador de la cadena de tiendas por departamentos MultiCentro, señaló que los saqueos fueron fundamentalmente un problema de orden público y de la demora del gobierno para enviar tropas a las calles. "Este es un país que respeta la autoridad", indicó mientras un grupo de empleados barría los vidrios de las ventanas quebradas de un local de MultiCentro que fue saqueado en la ciudad de Constitución. "Sin autoridad, es el caos".

Sin embargo, otras personas sugirieron que detrás de los saqueos se encuentran inequidades sociales más profundas. José Rafael Alegría, una víctima del terremoto que sostenía un letrero en el que pedía comida al lado de una carretera cerca a la ciudad de Constitución, dijo que algunos comerciantes buscaron aprovecharse del terremoto al subir los precios, lo que podría explicar el por qué los chilenos más pobres podrían haber mostrado su resentimiento contra ellos. Indicó que algunos de los comerciantes habían doblado el precio de un saco de harina después del desastre.

El presidente electo, Sebastián Piñera, que se había comprometido a convertir a Chile en un país desarrollado para 2018 ahora tendrá que invertir sus primeros dos años de gobierno en la reconstrucción de las zonas afectadas, dijo Otto Granados, un académico mexicano que trabajó en el gobierno de ese país durante el terremoto de Ciudad de México en 1985 y que posteriormente fue embajador en Chile.

Granados cree que Chile ha respondido bastante bien al sismo y que parte de los problemas y saqueos tuvieron que ver más con la naturaleza humana que con defectos en la sociedad chilena. Para ilustrar su punto citó un refrán mexicano "cuando las arcas se abren, incluso el más honesto peca".

Fuente: WSJ

9 mar. 2010

Razones para el optimismo sobre los bonos británicos

por Gillian Tett

Esta semana el drama fiscal de Grecia ha vuelto a cobrar protagonismo, mientras Atenas intentaba hacer frente a la crisis con recortes presupuestarios y una emisión de bonos de 5.000 millones de euros.

No obstante, hay otro país cuyo mercado de bonos ha generado ahora un intenso debate: Reino Unido. Por el momento no ha habido ninguna catástrofe en los mercados de bonos. Al contrario, en las últimas semanas, los precios de los bonos del Tesoro británico, han permanecido relativa y sorprendentemente estables, aunque el Banco de Inglaterra dejara de comprar deuda y los datos fiscales fueran alarmantes.

El jueves, por ejemplo, la rentabilidad de los bonos a diez años apenas se movió del 4,02%, aunque el Banco mantuvo la suspensión de su programa de compra de bonos. Sin embargo, un cierto ambiente de tensión comienza a respirarse en Londres, al menos, en la mente de muchos inversores. Hace seis semanas, el gurú Bill Gross, de Pimco, llegó a afirmar que Reino Unido “descansaba sobre un lecho de nitroglicerina”, en relación al enorme endeudamiento acumulado, y advirtió del riesgo de una fuerte devaluación de la moneda, lo que provocó los recelos de los inversores. La semana pasada, el grupo de gestión de fondos Schroders indicó que la calificación de Reino Unido corría el peligro de sufrir una rebaja debido a su situación fiscal. Por si fuera poco, los numerosos foros de inversores manejan cifras nada halagüeñas. El déficit presupuestario británico, por ejemplo, se sitúa en el 12% del PIB, un nivel que no dista mucho del de Grecia. Además, la deuda bruta del sector público podría alcanzar en los próximos años el 100% del PIB.

Y, lo más preocupante de todo, según los últimos sondeos de opinión, ningún partido alcanzaría una mayoría holgada en las elecciones de este año, lo que restaría capacidad al próximo Ejecutivo para abordar problemas como el de la deuda. En opinión de un gurú de los hedge funds, “dada nuestra posición fiscal y la situación política, Reino Unido podría relegar a Grecia a un segundo plano”.

¿Llevará razón? En algunos aspectos, es posible. Después de todo, Reino Unido ha cometido numerosos errores en los últimos años y la situación política parece ahora mismo desmoralizante. Dicho lo cual, no se descartan más caídas de la libra. No obstante, antes de que los inversores se vuelvan demasiado pesimistas, hay un dato que deberían tener en cuenta, y que prácticamente se ha ignorado durante todos estos años. Me refiero al vencimiento medio de la deuda soberana británica. En la mayoría de los países europeos, la cifra oscila entre los cinco y los nueve años. En Grecia, por ejemplo, está en casi ocho años y en Alemania, en seis. En EEUU, en cambio, la cifra es inferior a los cinco años, lo que sitúa al país ante uno de los mayores desafíos de refinanciación del mundo. Reino Unido, sería, por tanto, un caso atípico.

El vencimiento medio del mercado de bonos se sitúa actualmente en 14 años, el mayor del mundo. Es pura casualidad. El Gobierno británico tiene la suerte de contar con un amplio sistema de pensiones que necesita activos en libras a muy largo plazo, de ahí la compra de bonos con altas duraciones. No obstante, la política también juega un papel importante en este aspecto. En EEUU, las autoridades del Tesoro han prestado en los últimos años poca atención a la gestión de la deuda, al no tener hasta ahora dificultad en vender bonos.

En cambio, sometidas a la presión del FMI, las autoridades del Banco de Inglaterra y del Tesoro británico siempre han realizado un exhaustivo seguimiento de la gestión de la deuda. Y, en los últimos años, han hecho lo posible para prolongar el vencimiento de la deuda británica. También han introducido otras novedades como los bonos vinculados a los índices. Aunque esas medidas no parecían prioritarias durante el boom crediticio, en la última década, las autoridades británicas se dedicaron a emitir deuda a largo plazo (incluidos bonos a 50 años).

Esta realidad no garantiza que Reino Unido sea capaz de evitar una crisis. El país necesita vender 550.000 millones de libras de nuevos bonos en los próximos tres años, operación que podría resultar difícil a menos que el Banco de Inglaterra interviniera y comprara más bonos. Al menos, el prolongado vencimiento de la deuda británica le concede al país un respiro. La conclusión que podría extraerse de esta situación es que, las medidas sensatas suelen aplicarse, como siempre, después de haber sufrido una crisis reciente, en este caso relacionada con la venta de bonos estatales. Las autoridades del Tesoro de EEUU deberían tomar nota.

The Financial Times Limited 2010. All Rights Reserved

8 mar. 2010

España: Endeudados

por Clemente Polo

Un aumento espectacular de la deuda acumulada y una economía apuntalada son los legados más perdurables que nos ha dejado el largo período de bonanza que se inició en 1996 y que, de forma abrupta, se truncó en el segundo semestre de 2008, cuando se inició la severa recesión en la que todavía estamos inmersos.

Entre 1996 y 2007, la economía española, impulsada por las devaluaciones y las reducciones de los tipos de interés, creció, acumuló capital y generó empleo a tasas que eran alabadas incluso por quienes hoy (Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist) se han convertido en sus críticos más implacables. Algunos economistas mantuvimos fría la cabeza durante esos años y advertimos que, si bien el euro aportaba una mayor capacidad de maniobra, resultaba indispensable contar con empresas competitivas para crecer a largo plazo en un mundo con fronteras cada día más tenues. Claro que en esos días de fiesta y grandes negocios casi nadie estaba por la labor de escuchar prudentes advertencias.

Desequilibrios productivos y financieros
Bastaba con mirar a la evolución de la diferencia entre nuestras importaciones y exportaciones, ver como ese agujero se agrandaba año tras año, para darse cuenta de que el crecimiento de la economía española estaba abocado a registrar una brusca caída en un futuro no muy lejano. Para financiar la inversión en viviendas y otro tipo de construcciones –que llegó a absorber el 60% de la inversión productiva en 2007– se estaba acumulando una deuda externa que año tras año crecía a tasas mucho más elevadas que el PIB.

A partir de 2002, resultaba ya evidente para cualquier observador libre de prejuicios y banderías que la economía española había agotado la gasolina aportada por las cuatro devaluaciones realizadas por los Gobiernos del presidente González entre septiembre de 1992 y mayo de 1995. El desequilibro externo había alcanzado ya tal magnitud que las autoridades españolas, caso de haber contado con una moneda y política monetaria propias, se habrían visto obligadas a devaluar la peseta y elevar los tipos de interés en algún momento entre 2002 y 2004.

En aquellos días propicios a las fáciles ensoñaciones, algunos colegas proclamaron seriamente que la adopción del euro nos había inaugurado una “nueva era”, donde las restricciones tradicionales habían perdido su vigencia y el déficit externo había dejado de ser una espada sobre nuestras cabezas: los inversores extranjeros iban a continuar financiando indefinidamente a las rentables empresas y prósperas familias españolas. Otros, algo más cautos, preferían creer que el déficit externo acabaría corrigiéndose por sí solo, sin molestarse en explicar cómo se iba obrar el milagro. Ambos estaban muy, pero que muy equivocados.

El endeudamiento externo, que había alcanzado ya el 5,6 % del PIB en 2004, se disparó hasta el 10,2 % del PIB en 2007, una cifra que casi triplicaba los valores más elevados alcanzados en las cimas de otros ciclos (1974 y 1990), y todo el castillo de naipes se vino abajo con estrépito en cuanto se hizo patente que gran parte de los activos de las entidades financieras, las empresas no financieras y las familias, estaban sobrevalorados y el valor de sus pasivos superaba de largo al de sus activos.

Una economía con muletas
Para evitar la quiebra del sistema financiero y la subsiguiente parálisis de la producción, el Gobierno español destinó ingentes recursos en 2009 a apuntalar a algunas entidades financieras, adquiriendo activos sobrevalorados de sus carteras y avalando sus emisiones de deuda. Asimismo, el Gobierno abrió líneas de crédito para financiar a las empresas y familias, puso en marcha programas extraordinarios de inversión pública y repartió subvenciones y transferencias para ayudar a empresas y sectores en dificultades y familias que habían perdido su empleo, o tenían dificultades para afrontar sus deudas.

De momento, se ha evitado la temida catástrofe, aunque haya habido que pagar un elevado precio por ello. En los dos últimos años, el desplome de la recaudación y el fuerte aumento de los gastos de las Administraciones Públicas han provocado un vuelco histórico en las cuentas públicas, que han pasado de registrar un superávit equivalente al 2,4% del PIB en 2007 a cosechar un déficit del 4,2% en 2008 y del 11,4% en 2009, cifra esta última que casi duplica el anterior récord histórico, 6,6 %, alcanzado en 1995.

El presidente del Gobierno reconocía por primera vez el pasado 17 de febrero en el Congreso que estamos ante una “crisis gravísima”. Por una vez, su diagnóstico se ajusta a los hechos: a pesar de todas las ayudas públicas otorgadas, la situación económica continúa siendo muy delicada. La deuda de las Administraciones Públicas ha crecido a tasas elevadísimas desde 2007 –54,25 % en el caso del Estado– y va a seguir aumentando a buen ritmo durante al menos los próximos 5 ó 6 años. Así que a la ya ingente deuda privada acumulada en los años de bonanza, ahora hay que sumar la deuda de las AAPP, que superará, incluso en un escenario optimista, el 80% del PIB a finales de 2013.

Ni las finanzas públicas ni la situación de nuestra economía son comparables a las de Grecia, cierto, pero conviene no olvidar que una fracción significativa de entidades financieras y multitud de empresas y familias se han mantenido en pie durante los últimos meses gracias a las inyecciones de liquidez, créditos, subvenciones y transferencias públicas recibidas y que el margen de maniobra de las AAPP es cada día más estrecho.

Para empezar, todas las AAPP tendrán que dedicar una fracción creciente de sus ingresos a pagar los intereses de la deuda en la próxima década. Incluso si el Gobierno cumple la promesa de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 y los tipos de interés se mantienen por debajo del 2% en los próximos años, el servicio de la deuda absorberá una parte muy sustancial de los ingresos públicos: entre el 4% y el 5% del PIB. Por otra parte, el cumplimiento del programa de consolidación fiscal 2010-13 presentado por el Gobierno para calmar la inquietud de los inversores extranjeros contempla nuevos aumentos impositivos y drásticos recortes en el gasto que obligará a las Administraciones a reducir de manera drástica las ayudas, subvenciones y transferencias a las entidades financieras, empresas y familias.

Aunque se presentó a las elecciones de 2004 con un programa económico que señalaba las principales debilidades de la economía en ese momento, pronto se olvidó de él y practicó una política pro-cíclica, haciendo crecer el gasto del Estado por encima del 8% anual entre 2004 y 2008 y registrando unos superávits insuficientes para compensar los déficits en la parte baja del ciclo. Ahora, ha gestionado mal la recesión, poniendo en marcha hace unos pocos meses ambiciosos planes de gasto y ayudas para anunciar, sin solución de continuidad, aumentos impositivos y recortes severos del gasto.

Visto en conjunto, el balance económico de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero resulta decepcionante: ni anticiparon la gravedad de la recesión que se nos venía encima, ni tan siquiera las previsibles consecuencias (déficit y endeudamiento históricos) de las medidas que iban adoptando para combatirla. ¿Tendrá ahora, no obstante, razón el presidente del Gobierno cuando afirma que hace falta alcanzar un pacto entre todas las fuerzas políticas para sacar a la economía del pozo?

Clemente Polo es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona

Fuente: Expansion