7 ago. 2009

Canadá se protege de los "depredadores" extranjeros

por Bernard Simon

Algunas de las multinacionales más importantes se han mostrado sorprendidas ante la reciente falta de cordialidad de Canadá hacia los inversores extranjeros.

Esta nueva tendencia quedó patente ayer en Ottawa durante una sesión parlamentaria de carácter extraordinario para abordar la venta de los activos de Nortel Networks a la sueca Ericsson.

Los partidos de la oposición han aumentado la presión sobre el Ejecutivo conservador, que gobierna en minoría, para que intervenga en el acuerdo. William Dymond, diplomático retirado y director de investigación del Centro de Política Comercial y Derecho de la Universidad de Carleton de Ottawa, cree que el caso de Nortel será la prueba de fuego de la postura del Gobierno con los inversores foráneos.

En condiciones normales, según la Ley de Inversiones de Canadá, la operación, a pesar de su importancia, no sería supervisada por parte de las autoridades. No obstante, al sector más escéptico del país le preocupa que el control extranjero prive a Canadá de parte de su tecnología más valiosa, a cuyo desarrollo han contribuido en gran medida los contribuyentes.

El caso de Ericsson es el ejemplo más reciente de la enérgica, y poco habitual, reacción del país contra los inversores extranjeros. En opinión de Subrata Bhattacharjee, socio del bufete de abogados Heenan Blaikie, "sin duda, el Gobierno intenta adoptar una actitud más activa frente a la inversión exterior que en el pasado".

Hasta ahora, la legislación en materia de inversiones se consideraba prácticamente infructuosa, dado que los inversores externos podían retirarse en cuanto las condiciones del mercado se tornaban adversas. Sin embargo, el Ejecutivo canadiense demandó el mes pasado a US Steel para obligar al fabricante de acero a cumplir el compromiso que adquirió de mantener íntegra su plantilla en Canadá cuando compró hace dos años Stelco, el fabricante de acero canadiense. Ésta es la primera vez desde que entró en vigor la Ley de Inversiones de Canadá hace 23 años que las autoridades intentan hacer cumplir garantías de ese tipo recurriendo a los tribunales. Bhattacharjee atribuye este cambio de actitud a la sensibilidad de los conservadores con respecto a asuntos que pueden poner en peligro su permanencia en el poder.

Con una tasa de desempleo del 8,6% y que mantiene su tendencia al alza, la opinión pública del país mira con lupa las decisiones de empresas extranjeras de recortar puestos de trabajo.

Los sindicatos del centro de extracción de níquel de Sudbury, Ontario, están presionando a las autoridades para que obliguen al grupo minero brasileño Vale a cumplir las garantías adquiridas tras la compra de Inco en 2006 de mantener los empleos de la empresa con sede en Toronto. La posible desaparición de grupos como Stelco, Nortel o Inco ponen de manifiesto la preocupación que siempre ha existido en Canadá de que las empresas del país acaben siendo absorbidas por depredadores extranjeros, y en concreto por EEUU. No sería la primera vez. Ya ocurrió hace años con Falconbridge, otro gran productor de níquel, Alcan, fabricante de aluminio, y Hudson’s Bay Company, el mayor distribuidor minorista del país.

El Gobierno bloqueó una opa extranjera por primera vez en mayo de 2008, impidiendo que el fabricante de armas estadounidense Alliant Techsystems se hiciera con la división espacial de MacDonald Dettwiler, un grupo tecnológico con sede en Vancouver. Desde entonces, la normativa se ha endurecido hasta incluir la seguridad nacional en uno de los criterios que se tienen en cuenta al evaluar si una oferta de compra representa un “beneficio” para Canadá. El caso de Nortel es especialmente delicado, ya que la empresa fundadora recibió los derechos de patente del teléfono de Alexander Graham Bell. En plena burbuja tecnológica, las acciones de la empresa representaron un tercio del total del valor de la Bolsa de Toronto.

The Financial Times Limited 2009. All Rights Reserved.

6 ago. 2009

Francia intentará recuperar millones en subsidios agrícolas

Por David Gauthier-Villars

PARÍS—Durante semanas lo que le quitaba el sueño al agricultor de frutas francés Laurent Ducurtil era que las granizadas del verano arruinasen sus campos de duraznos. Ahora, su problema es mayor: las deudas al Estado.

El gobierno de Francia dijo ayer que intentará recuperar 330 millones de euros (unos US$470 millones) en subsidios otorgados a productores de frutas y hortalizas de todo el país entre 1992 y 2002. La Comisión Europea determinó a principios de año que la ayuda era ilegal y le dio a Francia hasta la semana pasada para que decidiera si acataría el fallo o si se arriesgaría a enfrentarse legalmente con la Unión Europea.

Parece que el gobierno optó por la primera opción. "Más vale que el gobierno se prepare para fuertes protestas", dijo Ducurtil, quien cultiva varias clases de frutas en el sudeste de Francia.

El gasto del país para ayudar a sus agricultores es un tema de contienda dentro de la Unión Europea, especialmente porque Francia es el principal receptor de subsidios agrícolas de la UE: unos 9.000 millones de euros el año pasado. Por mucho tiempo, Francia se ha opuesto a cualquier intento por modificar el sistema de subsidios agrícolas europeo, lo que indigna a varios de sus vecinos que aseguran que Francia recibe más de lo que debería. Aun así, los agricultores franceses se quejan de que están en desventaja frente a sus pares de España, donde la mano de obra es más barata, o Bélgica y Holanda, donde la agricultura está más mecanizada.

Los productores franceses dicen que la crisis económica ha empeorado aún más la situación. Argumentan que España, Bélgica y Holanda están exportando más frutas y hortalizas a Francia para compensar el deterioro de los mercados en Europa del Este. La oferta se ha disparado y, en consecuencia, los precios en Francia se han desplomado. El año pasado, las exportaciones francesas de duraznos cayeron a 53.000 toneladas, frente a las 68.000 toneladas de 2004. Durante ese período, las importaciones de Francia de la fruta subieron de 90.000 toneladas a 132.000.

En una protesta el viernes, los productores de duraznos bloquearon camiones que transportaban importaciones españolas y regalaron las frutas a los conductores que pasaban por ahí.

"Hasta hace poco, vendíamos los tomates a 50 centavos por kilo. Ahora, los tomates belgas se venden a 30 centavos", se queja Jean-Pierre Daré, un agricultor francés.

El año pasado, Francia cosechó 8,86 millones de toneladas de frutas y hortalizas, valoradas en 7.510 millones de euros. Es el tercer productor de la UE, después de Italia y España.

El fallo de la Comisión Europea, emitido en enero, se refiere a la ayuda que Francia empezó a asignar en 1992 como asistencia para los productores de frutas y hortalizas que enfrentaban serias condiciones climáticas y empresariales. Se trataba de una ayuda adicional aparte de los fondos que Francia recibe de la UE. La Comisión decidió que la ayuda violaba las reglas de competencia de la UE porque contribuían a solucionar problemas de sobreabastecimiento crónico en vez de dificultades extraordinarias. En su fallo, la UE dijo que lo que había nacido como un aporte único para los agricultores terminó siendo un subsidio anual que duró hasta 2002.

En su defensa, Francia dijo que el dinero se utilizó en campañas de publicidad dirigidas a promover el consumo de frutas y hortalizas, transformar el exceso de oferta de frutas en jugos y eliminar los inventarios para estabilizar la oferta con la demanda, según funcionarios del Departamento de Agricultura de Francia. El ministerio reconoció que algunos de los fondos también se usaron para subsidiar exportaciones, algo que está prohibido por la UE.

"Intentaremos recuperar parte del dinero", dijo Isabelle Ruault, una vocera del ministerio. "Será difícil. Algunos productores cerraron sus negocios, otros no podrán pagar y otros murieron". Ruault tampoco descartó la concesión de más subsidios. "Sabemos que algunos pasan tiempos difíciles. Estamos con ellos".

La Comisión Europea recibió con agrado los comentarios de Francia. Las negociaciones continúan para determinar un plazo y la cantidad que Francia podría recuperar, dijo el ministerio de Agricultura. Si París no actúa, la Comisión podría llevarla a corte.

Ducurtil, el productor de duraznos, no entiende cómo las autoridades de la UE permitieron que Francia subsidie las ventas de autos pero prohibieron la ayuda a sus agricultores.

Fuente: WSJ

5 ago. 2009

El salario mínimo de España es ya el séptimo más elevado de la UE

por Expansión.com

El salario mínimo español ha experimentado un incremento del 71,3% desde 2000, y en 2009 se sitúa en los 728 euros mensuales (importe que incluye catorce pagas). De esta forma, es ya el séptimo registro más elevado de la Unión Europea (UE), según los últimos datos facilitados por Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Sin embargo, la diferencia con el registro más alto, que ostenta Luxemburgo, es aún del 125%.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuya cuantía fija el Gobierno, ha aumentado en España los últimos diez años de manera gradual, desde 425 euros a 728 euros. Los años de mayor incremento de los salarios se han registrado en 2002, cuando el SMI creció el 16,1%, y 2005, con un avance del 10,3%.

El pasado 1 de enero de 2009 entró en vigor una nueva subida, en esta ocasión del 3,8%, con lo que la retribución mínima para los trabajadores en España pasó de 700 a 728 euros.

Luxemburgo sigue siendo el Estado miembro de la UE con el salario mínimo más alto, 1.642 euros, seguido de Irlanda (1.462 euros), Bélgica (1.387 euros), Holanda (1.382 euros), Francia (1.321 euros) y Reino Unido (1.010 euros). De esta forma, el SMI de España se sitúa por detrás del salario británico, del que le separan casi 300 euros. En el extremo contrario se sitúan Bulgaria, donde la paga mínima es de 123 euros, y Rumanía, con 153 euros.

Medido en paridad del poder de compra -un método que evita las distorsiones por la diferencia del nivel de precios-, España se sitúa en octavo lugar, al ser superada también Malta, país donde el salario mínimo se sitúa en 630 euros, pero cuyo nivel de precios es más bajo que el español.

En concreto, la cuantía del salario mínimo en 2009 en los 27 Estados miembros de la UE -en euros- se completa con R.Checa (306 euros), Estonia (278 euros), Grecia (681 euros, revisado en julio de 2008), Letonia (254 euros), Lituania (232 euros), Hungría (270 euros), Polonia (281 euros), Portugal (525 gracias), Rumanía (153 euros), Eslovenia (589 euros) y Eslovaquia (296 euros). El salario mínimo está regulado por ley en 20 de los 27 Estados de la Unión Europea.

4 ago. 2009

Seguros prepara una ley que reformará de pleno el sector

por Elisa del Pozo

La Administración ha optado por hacer una norma que será la columna vertebral del mercado y que incluirá, además de la directiva sobre capital Solvencia II, otros cambios "amplios e intensos".

La Dirección General de Seguros, del Ministerio de Economía, ha descartado hacer una reforma parcial de la actual Ley de Supervisión de los Seguros Privados y ha optado por elaborar desde cero una nueva ley que sustituirá a la actual.

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Aunque la razón esencial del cambio es la trasposición de la directiva conocida como Solvencia II, existen también otras normas nacionales que necesitan reformarse, en algún caso, de forma amplia e intensa», apunta Seguros. Este departamento concreta en ocho amplios puntos estas modificaciones que se refieren, por ejemplo, a las competencias supervisoras de las comunidades autónomas en el sector.

La Administración central supervisa a las entidades cuyo ámbito de actuación supera el de una sola comunidad y el resto queda bajo el paraguas de los gobiernos de cada comunidad.

La ‘revisión y actualización del sistema de protección al asegurado’ es otro de los puntos a modificar por la futura ley, según el documento del área de política legislativa de este departamento colgado en su página web. Los derechos de los clientes en el mercado asegurador es uno de los temas que más centran la atención del supervisor.

Buen gobierno
El ‘reforzamiento del gobierno corporativo’ de las aseguradoras está incluido también en la lista de cuestiones a reformar en la futura ley troncal del sector, igual que la ‘revisión de la aplicación del procedimiento concursal general a estas entidades’.

Seguros introducirá también en la futura norma varios puntos relacionados con la ‘reducción de cargas administrativas’ a las compañías, la adaptación de la normativa sobre modificaciones estructurales en las sociedades y la actualización del régimen internacional en relación con el principio de reciprocidad y adaptación a los códigos de liberalización de la OCDE.

El regulador ha detectado también varios aspectos que, en principio, aparecen recogidos en el texto de la reforma de la Ley de Contrato de Seguro que se está realizando en la actualidad.

La ley está pilotada desde el Ministerio de Justicia, pero este departamento considera que dichos aspectos deben traspasarse a la ley principal del sector. Es el caso de la regulación de las operaciones de coseguro comunitario o de la información previa al contrato que las entidades deben dar al cliente.

La actual Ley de Supervisión se elaboró en 1995 y, tras quince años, «el mercado asegurador español y europeo, se desenvuelven en un entorno diferente. La legislación de supervisión debe estar en consonancia con esa nueva realidad, que incluye también la política europea de servicios financieros, que ha hecho un amplio recorrido en este periodo», apunta el documento de Seguros.

El calendario elaborado por este departamento ha echado ya a andar. Prevé que en noviembre esté listo el primer borrador de anteproyecto de ley que comenzará a discutirse con los representantes del sector y el segundo texto a principio de 2010. Antes de junio el texto pasará por la junta consultiva de seguros, que aglutina a representantes de administración, del sector, consumidores y sindicatos, entre otros.

Después se iniciará la fase de los informes que deben remitir los diferentes departamentos afectados, que terminará en febrero de 2011 con el dictamen del Consejo de Estado para ser aprobado posteriormente por el Consejo de Ministros y remitido al Parlamento, donde Seguros prevé que se apruebe en la primavera de 2012.

En noviembre, Seguros prevé tener listo el primer borrador de anteproyecto de ley

Seguros cree que el tiempo necesario si hubiera optado por reformar la actual ley para introducir sólo los aspectos relacionados con Solvencia II no hubiera sido menor que el necesario para hacer una nueva ley. En su opinión, la trasposición de Solvencia II exigirá una profunda reforma de la normativa y la elaboración de una nueva ley resulta una mejor alternativa tanto desde el punto de vista de la técnica, como de la mayor coherencia del resultado final.

Las elecciones de 2012 marcarán la pauta
La directiva Solvencia II es para el sector asegurador lo que Basilea II para la banca, con la exigencia de capital en función del riesgo asumido. Los estados deben adaptar su legislación a esta normativa antes de 2013. El plazo de adaptación en España debe tener en cuenta la celebración de elecciones generales en marzo de 2012.

Si la trasposición de la Directiva a la legislación española no se produce antes de estos comicios, todo el trabajo legislativo realizado hasta ese momento podría quedar en papel mojado si el Gobierno que surja de las elecciones no lo toma como propio.

Fuente: Expansión

3 ago. 2009

China presenta queja ante la OMC por aranceles de la UE y EE.UU.

Por John W. Miller

BRUSELAS -- China lanzó una queja formal en ante la Organización Mundial de Comercio en un intento por derrumbar barreras comerciales levantadas por la Unión Europea y EE.UU., una señal de que Beijing está luchando con mayor agresividad para mantener a los mercados extranjeros abiertos a sus exportaciones.

Los blancos de las dos quejas son los altos aranceles de importación de tornillos chinos en la UE y la prohibición de la importación de productos avícolas chinos por parte de EE.UU. Beijing ya había anunciado su queja ante EE.UU.

China insiste en que está luchando contra el proteccionismo y los temores de pérdida de empleos locales en una sombría economía global. Bruselas y Washington aseguran que las sanciones se justifican por las laxas reglas de negocios y salud en China. La UE y EE.UU., los dos mayores compradores de bienes chinos, importaron US$610.000 millones en bienes chinos el año pasado.

En ambos casos, la OMC podría descartar las quejas o darle el derecho a China de reducir las importaciones hasta lo que se ha perdido en el comercio al imponer mayores aranceles de importación a algunos bienes de la UE y EE.UU. para finales de 2010.

Las dos demandas son señales de la madurez de China en la política comercial global, dicen los expertos en comercio. Cuando China se unió a la OMC en 2001, sus exportaciones se dispararon tan rápidamente que los impedimentos menores al comercio no se notaron.

"Les tomó algunos años el entender y preocuparse por el proceso", dice Simon Lester, administrador en jefe de WorldTradeLaw.net LLC, una consultora estadounidense.

En una cumbre comercial multilateral en Ginebra en julio de 2008, China jugó un papel protagónico por primera vez, dice Lester. Recientemente, China ha construido una oficina comercial en la misma calle de la sede principal de la OMC en Ginebra. También ha comenzado a gastar más dinero en asesoría legal, dicen abogados de las principales firmas de leyes comerciales.

La queja presentada el viernes es la primera vez que China ha desafiado un arancel antidumping ante la OMC. Bruselas ha impuesto más de 140 aranceles antidumping en contra de China desde 1979. China interpuso una queja similar en contra de EE.UU. el año pasado con respecto a productos de papel.

Funcionarios de la UE defendieron los aranceles. "las medidas antidumping no tienen que ver con el proteccionismo, se trata de comercio injusto", dice Lutz Guellner, un portavoz de la Comisión Europea. "La decisión de la UE de imponer medidas fue tomada en base de evidencia clara de que se había llevado a cabo un dumping injusto de productos chinos con una distorsión estatal de los precios de los bienes básicos".

China también solicitó a la OMC el lanzar una investigación sobre la prohibición de importaciones avícolas de China por parte de EE.UU., la cual se basa en objeciones de salud y data de 2007.

En su demanda, Beijing se queja de que Washington impuso "medidas discriminatorias". Funcionarios estadounidenses dicen que aún estudian si el pollo chino es seguro. China aún importa productos avícolas estadounidenses, principalmente patas.

Fuente: WSJ