Por Neil King Jr.
Varios de los principales fondos de pensiones de Estados Unidos están preocupados sobre un juicio pendiente en contra de Chevron Corp. que podría responsabilizar a la petrolera por supuestos daños medioambientales en la selva ecuatoriana y exigirle el pago de miles de millones de dólares.
Los fondos de pensiones, que juntos poseen US$1.000 millones en acciones de Chevron, temen que el gigante petrolero podría enfrentar una multa de hasta US$27.000 millones por daños en una demanda colectiva interpuesta hace 15 años por un bufete de abogados estadounidense en nombre de miles de indígenas ecuatorianos.
La demanda, que se procesa en un pequeño juzgado en el pueblo amazónico de Lago Agrio, sostiene que Texaco contaminó aguas y pozos en un área vasta y remota del país vertiendo miles de millones de litros de desechos petroleros en fosas porosas durante los 20 años que operó en la zona. Chev‐ron compró Texaco en 2001 por unos US$30.000 millones. Los daños potenciales fueron estimados por un experto nombrado por la corte.
Chevron ha dicho que la demanda no tiene fundamento y rechaza la evaluación de los daños potenciales.
La larga batalla ha llegado a Washington. Chevron está presionando a la oficina del representante comercial de EE.UU. para que despoje a Ecuador de una serie de preferencias arancelarias. La compañía dice que el gobierno de Ecuador y la petrolera estatal PetroEcuador se han negado a reconocer acuerdos previos que blindaban a Chevron contra futuras responsabilidades en el caso. Hasta ahora, la oficina no ha respondido a las solicitudes de Chevron, la más reciente presentada el mes pasado.
Eric Bloom, abogado que representa a Ecuador en Washington, calificó los pedidos de Chevron como "nada más que un intento por utilizar su influencia política para poner fin a un caso legal".
Algunas figuras le han pedido a la agencia que no se involucre en el tema, incluyendo el entonces senador Barack Obama, quien en 2006 envió una carta al gobierno de George W. Bush diciendo que los demandantes ecuatorianos merecían ser escuchados en una corte. Obama fue compañero de Steven Donziger, uno de los principales abogados demandantes, en la Escuela de Derecho de Harvard. Donziger dice que la carta fue escrita luego que él alertara a Obama sobre el caso. La Casa Blanca no respondió inmediatamente a un pedido para que comentara al respecto.
Tanto los fondos de pensiones de empleados públicos de la ciudad de Nueva York, como los de los estados de Nueva York, Maryland y Pensilvania les han pedido a los directivos de la compañía que clarifiquen cómo Chevron planea protegerse del caso. El contralor de Maryland, Peter Franchot, dijo en su carta a Chevron que el sistema de pensiones de Maryland estaba "particularmente preocupado de que las potenciales responsabilidades legales en Ecuador... representen una amenaza significativa para los accionistas". La oficina del contralor de la ciudad de Nueva York, que rehusó emitir comentarios para este artículo, recientemente instó a Chevron a considerar llegar a un acuerdo extrajudicial.
"Este es un caso épico por su escala y la magnitud del fallo potencial", dice Sean Hecht, director del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de California, en Los Ángeles. "El dinero en juego también explica por qué una compañía como Chevron continuará luchando hasta las últimas consecuencias".
Chevron deberá informar sobre las inquietudes de los fondos de pensiones durante su próxima asamblea de accionistas a realizarse el 26 de mayo.
La demanda original fue interpuesta en contra de Texaco en 1993 y al frente de los demandantes estaba el bufete de abogados Kohn Swift & Graf. Donziger, con fondos de la firma, ha trabajado en el cado durante más de 15 años. La demanda alega que Texaco enfermó a residentes y contaminó los arroyos y pozos en un tramo de casi 5.200 kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica.
Un juez de Nueva York desestimó el caso en 1996, diciendo que debería tratarse en Ecuador. El caso actual fue interpuesto en el pueblo de Lago Agrio seis años después, esta vez contra de Chevron, el nuevo propietario de Texaco. Se espera que un juez dé un fallo en los próximos meses.
La empresa californiana alega que Texaco invirtió US$40 millones en labores de limpieza aprobadas por el gobierno antes de retirarse del país en 1998. Chevron culpa a PetroEcuador, que se hizo cargo de los pozos de Texaco en 1990, de una serie de daños medioambientales en la zona desde entonces.
Bloom, quien también representa a PetroEcuador, dice que lo importante del caso es lo qué pasó cuando Texaco era el operador principal, no lo qué pasó después. El abogado principal de los demandantes en Ecuador, el ex empleado petrolero y activista comunitario Pablo Fajardo, se ha convertido en una estrella desde que se unió al equipo en 2005, un año después de obtener su título de abogado. En 2007, la revista Vanity Fair publicó un perfil sobre él. También se destaca su figura en una cinta reciente llamada "Crude" (Crudo), que ganó el premio al mejor documental en el Festival de Sundance de este año.
Chevron también arremete contra la evaluación de los daños ordenada por la corte, diciendo que el reporte es "el resultado de fraude, errores ominosos y conflictos de interés". La evaluación, que incluye US$9.500 millones para víctimas de cáncer no identificadas y US$8.400 millones por supuesto "enriquecimiento ilícito", superaría las ganancias del año pasado de Chevron, de US$24.000 millones.
Fuente: WSJ
