Por Charles Forelle
BRUSELAS—Intel Corp. apeló el miércoles una multa de miles de millones de euros que le impuso la Unión Europea por abuso de posición dominante frente a su rival Advanced Micro Devices Inc. Eso no sorprendió a nadie. Pero entre los argumentos del gigante estadounidense de chips destacó una queja poco común: alegó que sus derechos humanos fueron infringidos.
Intel no es la única. Una lista cada vez más larga de compañías acusa a la UE de que su entidad de vigilancia antimonopolio se está saltando las protecciones que ofrece la ley europea de derechos humanos.
El reclamo supone en cierta medida un acto desesperado dado que ninguna apelación de un caso antimonopolio ha ganado en la UE con ese argumento. Aun así, refleja la frustración de las empresas que acumulan multas cada vez más numerosas del incansable vigilante antimonopolio del bloque.
Los detalles de los argumentos legales de Intel no han sido revelados. Según el procedimiento de la UE, los expedientes legales no están disponibles para inspección pública. Un vocero de la compañía confirmó que la cuestión de los derechos humanos está presente en el caso aunque no reveló más detalles. Pasará más de un año antes de que el Tribunal de Primera Instancia en Luxemburgo tome una decisión.
Otras compañías que tratan de seguir esta misma vía incluyen Saint-Gobain Glass France SA, un fabricante de vidrio que recibió el año pasado una multa de 899 millones de euros (US$1.300 millones), y Schindler Holding Ltd., multada con 147 millones de euros por coordinar licitaciones por ascensores. Estos casos todavía aguardan sentencia.
![[Intel]](http://s.wsj.net/public/resources/images/OA-AX993_wsjamd_NS_20090722195637.jpg)
El argumento plantea una pregunta fundamental: a medida que el regulador emite multa tras multa, ¿cruza la línea que separa un órgano administrativo de un tribunal penal?
Los tribunales europeos han asegurado que no, pero ahora algunas personas creen que sí. "No hay duda que los procedimientos antimonopolio son penales en esencia", dice Ariana Andreangeli, de la Universidad de Liverpool.
La cuestión pone en duda la práctica de la UE de contar con un burócrata nombrado a través de un proceso político —la comisaria antimonopolio actual es la holandesa Neelie Kroes— en el papel de fiscal, juez y jurado.
Kroes supervisa las investigaciones y a continuación decide si la empresa es culpable y cuál debe ser su penalización. Sus decisiones deben ser aprobadas por los 27 comisarios de la UE, pero en la práctica casi nunca son cuestionadas.
Esta clase de procedimientos administrativos tenían sentido hace cuatro décadas, cuando la UE empezó a imponer multas pequeñas, señalan los abogados. Pero ahora, en una era en la que Kroes ha hecho que las multas de más de 100 millones de euros sean el pan de todos los días, se han quedado desfasados. Con este fallo, Intel recibió la que hasta ahora es la multa récord de 1.060 millones de euros (US$1.450 millones) por usar una serie de tácticas para sacar a AMD del mercado de los microprocesadores de computadores.
Cuando se trata de una multa de millones de euros, "uno espera que quien tome la decisión sea un juez", dice Denis Waelbroeck, de Ashurst LLP, en Bruselas.
Fuente: WSJ
