Algunas de las multinacionales más importantes se han mostrado sorprendidas ante la reciente falta de cordialidad de Canadá hacia los inversores extranjeros.
Esta nueva tendencia quedó patente ayer en Ottawa durante una sesión parlamentaria de carácter extraordinario para abordar la venta de los activos de Nortel Networks a la sueca Ericsson.
Los partidos de la oposición han aumentado la presión sobre el Ejecutivo conservador, que gobierna en minoría, para que intervenga en el acuerdo. William Dymond, diplomático retirado y director de investigación del Centro de Política Comercial y Derecho de la Universidad de Carleton de Ottawa, cree que el caso de Nortel será la prueba de fuego de la postura del Gobierno con los inversores foráneos.
En condiciones normales, según la Ley de Inversiones de Canadá, la operación, a pesar de su importancia, no sería supervisada por parte de las autoridades. No obstante, al sector más escéptico del país le preocupa que el control extranjero prive a Canadá de parte de su tecnología más valiosa, a cuyo desarrollo han contribuido en gran medida los contribuyentes.
El caso de Ericsson es el ejemplo más reciente de la enérgica, y poco habitual, reacción del país contra los inversores extranjeros. En opinión de Subrata Bhattacharjee, socio del bufete de abogados Heenan Blaikie, "sin duda, el Gobierno intenta adoptar una actitud más activa frente a la inversión exterior que en el pasado".
Hasta ahora, la legislación en materia de inversiones se consideraba prácticamente infructuosa, dado que los inversores externos podían retirarse en cuanto las condiciones del mercado se tornaban adversas. Sin embargo, el Ejecutivo canadiense demandó el mes pasado a US Steel para obligar al fabricante de acero a cumplir el compromiso que adquirió de mantener íntegra su plantilla en Canadá cuando compró hace dos años Stelco, el fabricante de acero canadiense. Ésta es la primera vez desde que entró en vigor la Ley de Inversiones de Canadá hace 23 años que las autoridades intentan hacer cumplir garantías de ese tipo recurriendo a los tribunales. Bhattacharjee atribuye este cambio de actitud a la sensibilidad de los conservadores con respecto a asuntos que pueden poner en peligro su permanencia en el poder.
Con una tasa de desempleo del 8,6% y que mantiene su tendencia al alza, la opinión pública del país mira con lupa las decisiones de empresas extranjeras de recortar puestos de trabajo.
Los sindicatos del centro de extracción de níquel de Sudbury, Ontario, están presionando a las autoridades para que obliguen al grupo minero brasileño Vale a cumplir las garantías adquiridas tras la compra de Inco en 2006 de mantener los empleos de la empresa con sede en Toronto. La posible desaparición de grupos como Stelco, Nortel o Inco ponen de manifiesto la preocupación que siempre ha existido en Canadá de que las empresas del país acaben siendo absorbidas por depredadores extranjeros, y en concreto por EEUU. No sería la primera vez. Ya ocurrió hace años con Falconbridge, otro gran productor de níquel, Alcan, fabricante de aluminio, y Hudson’s Bay Company, el mayor distribuidor minorista del país.
El Gobierno bloqueó una opa extranjera por primera vez en mayo de 2008, impidiendo que el fabricante de armas estadounidense Alliant Techsystems se hiciera con la división espacial de MacDonald Dettwiler, un grupo tecnológico con sede en Vancouver. Desde entonces, la normativa se ha endurecido hasta incluir la seguridad nacional en uno de los criterios que se tienen en cuenta al evaluar si una oferta de compra representa un “beneficio” para Canadá. El caso de Nortel es especialmente delicado, ya que la empresa fundadora recibió los derechos de patente del teléfono de Alexander Graham Bell. En plena burbuja tecnológica, las acciones de la empresa representaron un tercio del total del valor de la Bolsa de Toronto.
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