Los primeros pasos siempre son los más difíciles. Es posible que la declaración de la semana pasada del Consejo Europeo a favor de un rescate griego no haya ido todo lo lejos que deseaban algunos. Ni siquiera llegó a lo acordado en el borrador de la declaración la noche anterior. Pero fue, en cualquier caso, un hecho histórico.
La UE ha reconocido, por primera vez, que la eurozona tiene una dimensión política, y que está dispuesta a defenderse contra los ataques especulativos. Al mismo tiempo, la UE impondrá fuertes condiciones a cualquier ayuda. La reacción airada del primer ministro griego es el mejor indicativo de que no deberíamos preocuparnos demasiado por el riesgo moral. Una importante cuestión técnica es si los estados miembros de la eurozona comprarán bonos griegos directamente, o sólo los garantizarán, pero la parte más difícil era el acuerdo político de la semana pasada.
Espero que la garantía ponga fin a esta fase aguda de la crisis griega, siempre y cuando el Gobierno heleno no renuncie a sus promesas. También podría reducir la presión sobre las primas de los seguros contra el impago de otros países de la eurozona. Los detalles técnicos del paquete definitivo incluirán severas condiciones para evitar el riesgo moral. Será generoso y duro al mismo tiempo. Pero, pese a la importancia de la decisión, no resolverá los problemas de la eurozona por sí sola.
Consideremos, por un momento, la posición alemana en todo esto. La reacción de los medios de comunicación alemanes a este rescate bordeó la histeria. Hay importantes discrepancias incluso dentro del propio partido de la canciller Angela Merkel. Merkel también se ve limitada por la sentencia del tribunal constitucional de Alemania sobre el tratado de Maastritch de 1993 –que, a mi parecer, fue importante a la hora de determinar su posición el pasado jueves–. El tribunal estipuló que la estabilidad es un requisito inalienable para la participación alemana en una unión monetaria.
Si se violara este principio, la base legal para la participación de Alemania dejaría de ser válida. El artículo 125 del Tratado de Lisboa –“la tristemente célebre “cláusula de no rescate”– es, en términos legales, un aspecto importante de la estabilidad global del sistema. Y no hay duda de que algunas personas expondrán que un recate de Grecia violaría el artículo 125.
El fallo del tribunal constitucional alemán el año pasado sobre el Tratado de Lisboa añadió más trabas al gobierno económico efectivo de la eurozona. El tribunal dictaminó inequívocamente que la política macroeconómica debe seguir siendo competencia de los estados miembros. Desde luego, los jueces nunca son intérpretes objetivos de la ley, y siempre se ven influenciados por la tendencia política del momento. Tampoco están de acuerdo con el tribunal constitucional todos los abogados alemanes. Pero la sentencia, de momento, sigue vigente. No deberíamos hacernos ilusiones sobre el margen político y legal de maniobra de Alemania. Berlín está dispuesto a mostrar su solidaridad con los miembros más débiles de la eurozona si son objeto de ataques especulativos. Esto supuso un gran paso para ellos. No esperen mucho más.
La discusión surrealista sobre el futuro de la eurozona tiende a ignorar las limitaciones políticas y legales. Consideremos el argumento que expone que los bancos centrales, y no sólo el Banco Central Europeo, deberían contemplar el aumento de los objetivos de inflación, situados en torno al 2%. No hay riesgo de que el BCE apruebe esta propuesta. Si lo hiciera, el tribunal constitucional de Alemania invocaría su resolución de 1993. Y, lo que es más importante, creo que la opinión pública alemana, después de haber tragado con el rescate griego, sacaría a Alemania de la eurozona.
Así que el debate sobre el futuro de la eurozona debería tener en cuenta las restricciones políticas y legales. La unión fiscal no va a producirse. La UE tampoco va a embarcarse en otra modificación del tratado.
¿Qué puede hacerse bajo el marco actual? La principal prioridad es abordar los desequilibrios internos. España y Grecia han sufrido una significativa pérdida de competitividad frente a Alemania, que tiene que invertirse parcialmente esta década. Incluso ahora, la diferencia entre los costes salariales reales sigue aumentando. Por ello, es necesario un mecanismo de coordinación política que implique a los líderes políticos, no sólo a los ministros de Finanzas.
España, Portugal, Grecia e Italia deberían reformar sus mercados laborales, y habría que animar a Alemania –dentro de los límites fijados por la constitución– a aumentar la demanda doméstica. La enmienda constitucional del año pasado para obligar a mantener un presupuesto equilibrado no fue útil a este respecto. Durante los dos próximos años, la mayor esperanza probablemente resida en la prometida reforma del impuesto sobre la renta.
La segunda prioridad es la consolidación fiscal. Resulta descabellado pensar que el crecimiento económico baste por sí solo para ocuparse de la deuda. Es probable que el ritmo de crecimiento en esta década sea incluso inferior que en la anterior. En casi todos los países de la eurozona, el mejor medio para conseguir la consolidación son los recortes de gastos, no las subidas de impuestos.
La reducción de los desequilibrios y la deuda del sector público debe tener prioridad esta década. Requerirá decisiones muy difíciles por parte de los líderes políticos que las han rehuido durante la última década. La declaración del pasado jueves supuso un gran paso en la dirección adecuada. Pero lo peor que podría suceder ahora es que se dé un salto al mundo imaginario de las opciones fáciles. Eso significaría el final de la eurozona.
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