19 ene. 2011

Una Internet amurallada para autócratas ansiosos

Por Evgeny Morozov

A fines de 2010, el movimiento de software de "código abierto", cuyos activistas tienden a ser académicos solitarios y nerds informáticos con pelo largo, encontró un aliado inusual: el gobierno ruso. Vladimir Putin firmó un decreto de 20 páginas que requería que todas las instituciones públicas en Rusia reemplazaran para 2015 todo el software patentado, desarrollado por empresas como Microsoft y Adobe, por alternativas gratuitas de código abierto.

La medida le ahorrará al gobierno miles de millones de dólares en costos de licencias, pero los motivos de Putin no son estrictamente económicos. Es muy posible que su temor real sea que la creciente dependencia del país del software patentado, en especial programas vendidos por proveedores extranjeros, tenga inmensas implicaciones para la seguridad nacional de Rusia. Es poco probable que el software de código abierto esconda una puerta trasera secreta que conduzca directamente a la sede central de la CIA.

Rusia no es la única que desconfía del software comercial proveniente del extranjero. Sólo dos semanas después del decreto de Putin, el ministro de tecnologías de la información de Irán, citando preocupaciones de seguridad, anunció planes para un sistema operativo nacional de código abierto. China también ha expresado un creciente interés. Cuando la estatal China Mobile se unió hace poco a la Fundación Linux, la entidad sin fines de lucro detrás del proyecto más famoso de código abierto, uno de los ejecutivos de la telefónica anunció que la empresa "ansiaba contribuir con Linux a escala global".

Las tecnologías de la información han sido celebradas por reducir fronteras y límites tradicionales, pero no hay dudas de que su futuro se verá decisivamente moldeado por la geopolítica. Durante los últimos años, las autoridades en todo el mundo han recibido recordatorios constantes de su dependencia de —y vulnerabilidad ante— las nuevas tecnologías: la exposición de la misteriosa red con sede en China GhostNet, que espió misiones diplomáticas en todo el mundo; la supuesta anulación de la capacidad nuclear de Irán por parte del virus Stuxnet; y, por supuesto, el escándalo de WikiLeaks. Los gobiernos están analizando más de cerca quién les provee su hardware, software y servicios, y con cada vez mayor frecuencia llegan a la conclusión de que es peligroso no desarrollar sus propias capacidades nacionales independientes.

El software de código abierto puede calmar algunas de estas preocupaciones de seguridad. Aunque este tipo de sistemas son más democráticos que los cerrados, también son más fáciles de manipular, en especial por parte de gobiernos con amplios recursos a su disposición. Pero las soluciones de código abierto no pueden abordar cada amenaza percibida. Tal como aprendió Google, el gobierno chino sigue considerando los motores de búsqueda occidentales como un desafío a su presentación cuidadosamente medida de temas controvertidos. De manera parecida, el e-mail puede ser leído por el gobierno anfitrión de la empresa que ofrece el servicio, y la transmisión de datos sensibles puede ser interceptada vía métodos secretos y los datos pueden acabar en WikiLeaks o sus numerosos equivalentes locales.

Por estos motivos, es probable que más gobiernos comiencen a designar los servicios de Internet como una industria estratégica, un arreglo en el que las firmas extranjeras quedarían excluidas de competir en nichos políticamente sensibles. El gobierno turco emergió como el mayor partidario de este tipo de "independencia de la información", al sugerir la idea de un motor de búsquedas nacional y un sistema de correo electrónico nacional. Autoridades de Rusia, China e Irán han debatido propuestas similares.

Las verdaderas guerras comerciales de Internet comenzarán una vez que los gigantes tecnológicos rusos y chinos, con sus conexiones poco disimuladas con los gobiernos y sus pilas de efectivo, comiencen a buscar adquisiciones en EE.UU. y Europa.

Pronto deberán tomarse decisiones dolorosas. ¿Qué pasará cuando firmas rusas o chinas quieran comprar una participación en empresas como Google o Amazon, con profundas conexiones con agencias estatales estadounidenses?

Incluso si son rechazados en EE.UU. y Canadá, es probable que los gigantes de la tecnología chinos reaparezcan en otros lados. Durante varios años China ha estado usando sus enormes reservas para entregar préstamos, por ejemplo en África y Asia, con la condición de que esos gobiernos sólo hagan negocios con empresas de telecomunicaciones de China. Con o sin acceso secreto a esos datos, el hecho de que China controle una parte tan grande de la infraestructura de comunicaciones en el mundo emergente le da peso político.

A la vez, Yota, un proveedor de Internet que en parte es propiedad del Estado ruso, ha estado intentado levantar una base en América Latina, con el lanzamiento de su servicio de 4G en Nicaragua y, pronto, en Perú. Otras empresas rusas construyen (o compran) infraestructura en las ex repúblicas soviéticas, otra forma de conseguir influencia política.

¿Qué significa esto para el futuro de la industria de la tecnología estadounidense? Si la expansión de China en África y la de Rusia en América Latina y la ex Unión Soviética son una indicación, la capacidad de Silicon Valley de expandirse globalmente se verá severamente limitada.

El triunfo global de la tecnología estadounidense siempre se ha basado sobre la separación implícita entre los intereses comerciales de Silicon Valley y los objetivos políticos de Washington. Si eso cambia, Silicon Valley deberá pagar los costos.

Para los usuarios de Internet comunes y corrientes, la posible desventaja es que la era de servicios globales como Skype podría terminar pronto, a medida que sean reemplazados por alternativas internas que brinden mayor control a los gobiernos.

La ironía es que la tecnología de la información ha sido uno de los principales impulsores de la globalización y ahora podría convertirse en una de sus mayores víctimas.

—Evgeny Morozov es un académico visitante en la Universidad de Stanford.

Fuente: WSJ