Por David Luhnow y José de Córdoba
Monterrey, México
Hace unos días, el detective Ramón Jasso se dirigía al trabajo en esta ajetreada ciudad cuando una camioneta se le acercó y disminuyó la velocidad. En cuestión de segundos, el policía de 37 años recibió 97 balas, muriendo de forma instantánea.
El día anterior, alguien llamó al teléfono celular de Jasso y le dijo que lo matarían si no liberaba de inmediato a un joven que había sido arrestado por organizar una violenta protesta en apoyo a las bandas de narcotraficantes de la ciudad. Los manifestantes exigían que el ejército mexicano se retirara de la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces, las protestas se han extendido de Monterrey —en su momento un modelo de orden— a otras cinco ciudades.
De la misma forma en que Pakistán lucha contra los extremistas islámicos por su supervivencia, México libra una batalla de vida o muerte contra los carteles de drogas más poderosos del mundo.
El año pasado, unas 6.000 personas murieron en episodios de violencia relacionada a las drogas, más del doble que el año anterior. Entre las víctimas figuran varias decenas de decapitados, un eco escalofriante de las tácticas de amedrentamiento utilizadas por los extremistas islámicos. Las bandas mexicanas de narcotraficantes incluso tienen una religión no oficial: veneran a La Santa Muerte.
En rincones cada vez más amplios del país, las bandas de narcotraficantes extorsionan a las empresas, estableciendo un sistema paralelo que amenaza el monopolio del gobierno sobre la recaudación de impuestos. En Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, carteles escritos a mano pegados en las paredes de los colegios les advertían a los profesores que entregaran sus bonificaciones de Navidad o se prepararan para morir. Una distribuidora de General Motors en una ciudad mexicana de tamaño mediano fue extorsionada durante meses, según un funcionario mexicano de alto rango. Un vocero de GM en México no quiso referirse al tema.
"Estamos en guerra", afirma Aldo Fasci, un abogado que ocupa el cargo más alto de la policía del estado de Nuevo Léon, cuya capital es Monterrey. "Las bandas han tomado el control de la frontera, nuestras autopistas y nuestros policías. Y ahora, con estas protestas, están intentado tomar el control de nuestras ciudades."
Los paralelos entre Pakistán y México son lo suficientemente importantes como para que las fuerzas armadas de EE.UU. los identificaran recientemente como los dos países donde hay un riesgo de que el gobierno pueda sufrir un colapso repentino y catastrófico, convirtiéndose en un Estado fallido.
Pakistán es la preocupación mayor, pero el caso de México también es inquietante: tiene 100 millones de personas en el umbral sur de Estados Unidos, lo que implica que cualquier situación de inestabilidad podría inundar a EE.UU. con refugiados. México también es el segundo socio comercial de Washington.
Tentáculos que crecen
El Departamento de Justicia afirmó recientemente que las bandas mexicanas son la "mayor amenaza de crimen organizado para Estados Unidos", operando en al menos 230 ciudades y pueblos estadounidenses. Los crímenes relacionados a los carteles mexicanos se están extendiendo por el sudoeste de EE.UU. Phoenix sufrió más de 370 secuestros el año pasado. La mayoría de las víctimas eran indocumentados o personas vinculadas al narcotráfico.
Barry McCaffrey, ex zar antidrogas de EE.UU., señaló que México corre el riesgo de convertirse en un "narcoestado" en los próximos cinco años si la situación no mejora. Otros analistas indican que el riesgo no es un colapso del Estado, sino que México se convierta en Rusia, un Estado fuertemente influenciado por las mafias.
Tales comparaciones probablemente son descabelladas, al menos por ahora. Más allá de la violencia que acapara los titulares de la prensa, México es un país estable. Su democracia goza de muy buena salud, tiene la economía número 13 del mundo y una clase media que crece. Se cree que hasta un 90% de los asesinados tiene algún tipo de lazo con el comercio de drogas, dice el gobierno. "Tenemos un problema serio: la penetración de los narcotraficantes en todos lados. ¿Pero un colapso institucional? Eso no es cierto", asegura el procurador general Eduardo Medina Mora.
Los funcionarios tanto en Washington como en Ciudad de México también dicen que el aumento de la violencia tiene un lado positivo al indicar que tras décadas de complicidad o de ignorar el problema, el gobierno mexicano finalmente está tomando medidas enérgicas contra los carteles de drogas y obligándolos a defenderse o a pelearse entre sí por el dominio de la actividad. En los tres primeros años del gobierno del presidente Felipe Calderón, el ejército mexicano tuvo 153 enfrentamientos con los narcotraficantes. En los seis años de mandato de su predecesor Vicente Fox, hubo sólo 16.
Aunque México no es un Estado fallido, es un Estado debilitado. El académico mexicano Edgardo Buscaglia estima que hay 200 condados en México —alrededor del 8% del total— donde las bandas de narcotraficantes ejercen más influencia que las autoridades. Con vastos arsenales, compuestos por granadas propulsadas por cohetes, bazucas y armas automáticas, los carteles suelen estar mejor armados que la policía e incluso el ejército que combaten.
El presidente de la cadena de diarios más influyente de México trasladó a su familia de Monterrey a Texas luego de haber sido amenazado y de que pistoleros visitaran su residencia. Otros empresarios de ciudades en todo el país han hecho lo mismo. "Nunca he visto una situación tan difícil" en México, afirma Alejandro Junco, quien edita Reforma en la Ciudad de México y El Norte en Monterrey. Junco ahora viaja cada semana a México desde Texas.
Analistas y diplomáticos temen que los narcotraficantes vayan a aumentar su influencia sobre la política mexicana durante las elecciones legislativas programadas para julio.
Atraídos por la oportunidad de abastecer al mercado estadounidense, poderosos grupos de traficantes han surgido en varios puntos de México: la costa del Pacífico, la costa del Golfo, el estado desértico norteño de Chihuahua y el estado de Sinaloa, de donde proviene la mayoría de las familias de traficantes originales. Estos grupos, conocidos por sus alianzas cambiantes y sus traiciones, han luchado por el control de las rutas de tráfico durante años.
Monterrey
Monterrey parecía imperturbable. Con un espíritu positivo ante los desafíos, con confianza en sí misma y moderna, a la ciudad le gusta pensar que es más estadounidense que mexicana. Allí se encuentra la mejor universidad de México, el Tecnológico de Monterrey, el suburbio más próspero de México, San Pedro Garza García, y las filiales de 1.500 empresas estadounidenses.
A medida que la violencia se fue apoderando de Nuevo Laredo, los líderes empresariales, jefes de policía y funcionarios del gobierno de Monterrey coincidieron en el diagnóstico: no va a ocurrir aquí.
Lo que algunos aparentemente desconocían es que, durante años, la relativa calma de Monterrey se debía a un acuerdo tácito entre narcotraficantes rivales cuyas familias vivían tranquilamente en el adinerado enclave de San Pedro, un lugar donde su riqueza no llamaba la atención, afirma la policía local. Pero Monterrey era un mercado demasiado grande como para que ambos lados lo ignoraran, y no pasó mucho tiempo hasta que se desatara el enfrentamiento.
Para 2006, la cantidad de asesinatos se disparó y los policías eran acribillados en las calles. Altas autoridades en el combate contra el narcotráfico fueron asesinadas. Héctor Ayala, el jefe de la policía de San Pedro, fue una de las víctimas.
Hoy, las bandas de narcotraficantes aún se disputan el control, aunque el cartel conocido como los Zetas corre con ventaja. En casi toda la ciudad, la banda está incursionando en otras asociaciones criminales, extorsionando a los vendedores callejeros, discotecas y otros negocios que operan al filo de la ley. El dueño de un salón de billar cuenta que los Zetas le dijeron que querían una participación de sus ganancias mensuales, a lo que accedió. También le ordenaron instalar a alguien para vender droga, agrega. "¿Qué puedo hacer?", dice mientras se encoge de hombros.
En los mercados callejeros, los Zetas venden discos compactos piratas, y tienen su propio sello: "Los únicos", con un logotipo que tiene un caballo negro rodeado por cuatro letras Z.
Se cree que tanto los Zetas como el cartel de Sinaloa tienen hasta 10.000 hombres cada uno, el tamaño de un pequeño ejército. Los Zetas, por ejemplo, pueden encontrar nuevos reclutas con facilidad en los barrios más peligrosos de Monterrey, donde el desempleo es alto.
En Independencia, uno de los vecindarios más antiguos de la ciudad, no es el gobierno de la ciudad el que controla las calles sino las pandillas locales.
Los extraños no son bienvenidos. Un periodista que visitaba la zona en una camioneta sin matrícula junto a un policía estatal vestido de civil atrajo una gran cantidad de miradas hostiles y algunas groserías en voz alta. Uno o dos miembros de las pandillas sacaron sus celulares y comenzaron a hablar por teléfono. "No saben si somos policías o miembros de otra banda de narcos", explicó Jorge, el policía estatal, que prefirió el anonimato por temor a las represalias.
Jorge ha trabajado como policía por más de 20 años. Gana unos 6.000 pesos —US$450— al mes. Desde hace mucho tiempo se ha dicho en México que los policías no ganan lo suficiente para resistirse a ser corrompidos por los criminales o arriesgar sus vidas persiguiéndolos. De hecho, la corrupción se extiende por todas las fuerzas policiales.
El ex jefe estatal de seguridad pública renunció en medio de acusaciones de estar relacionado al cartel de Sinaloa. Lo reemplazó Fasci, quien afirma que el gobierno está tratando de mejorar la coordinación entre la gran mezcla de diferentes instituciones que combaten el crimen en México. En el área metropolitana de Monterrey, por ejemplo, hay 11 fuerzas policiales municipales diferentes, una policía estatal, tres ramas de la policía federal y el ejército. El contrabando de estupefacientes, asimismo, es un crimen federal, de modo que es responsabilidad de la policía local.
La demanda de EE.UU. es, por supuesto, el motor del narcotráfico. Tres respetados ex presidentes de América Latina, incluyendo al mexicano Ernesto Zedillo, emitieron un informe conjunto recientemente afirmando que la guerra contra el narcotráfico era demasiado costosa para países como México, e instaron a EE.UU. a explorar alternativas como despenalizar la marihuana.
De hecho, desde hace mucho tiempo los funcionarios mexicanos han dejado de pensar que algún podrán eliminar por completo el comercio de drogas.
Jorge Tello, asesor del presidente Calderón para el combate al narcotráfico, lo define así: "Es como el control de las ratas. Siempre están ahí... realmente no puede deshacerse de ellas. Pero lo que uno no quiere son ratas en las puertas de las casa de la gente."
Fuente: WSJ
