La intervención estatal cambia las reglas de juego en el sector privado de EE.UU.

Por Bob Davis y Jon Hilsenrath

HAMBURGO, Pensilvania— Dennis Davis, un empleado de fábrica, pasó recientemente por el almacén de la cadena Cabela's en esta ciudad y compró una funda de US$90 para la pistola de cañón largo que utiliza para disparar contra marmotas en la finca de su hermano. La pagó con una tarjeta de crédito emitida por la tienda.

El gobierno estadounidense ayudó a financiar la transacción al inyectar este año US$400 millones a las operaciones de tarjetas de crédito de la cadena de equipo de caza y camping. Davis no ocultó su sorpresa ni su descontento al enterarse de la mano que le tendió el fisco. "Cualquier cosa en la que el gobierno mete sus narices fracasa o empeora", dijo mientras caminaba por el estacionamiento en compañía de su hijo.

Tenga o no la razón, es innegable que el Estado se ha involucrado a fondo en el funcionamiento cotidiano del capitalismo estadounidense. Desde que se desatara la crisis financiera hace nueve meses, el gobierno se ha transformado en el principal banco hipotecario de EE.UU., ha garantizado activos de los fondos de inversión del mercado monetario del orden de los US$3 billones (millones de millones), impulsado la reestructuración de dos automotrices, asumido participaciones en cerca de 600 bancos, prestado más de US$300.000 millones a empresas de primer nivel, apoyado la industria aseguradora y ha servido como una fuente de crédito para los compradores de autos, tractores y hasta armas de caza.

Los efectos se están sintiendo en rincones de la economía que van mucho más allá de Wall Street y la atribulada industria automotriz. La gigantesca intervención estatal ha cambiado la forma en que las empresas hacen negocios en múltiples maneras, no todas anticipadas por el gobierno. Cada vez más, las empresas de todos los tamaños compiten sobre la base de su capacidad para acceder a los fondos gubernamentales y se está abriendo una brecha entre las que consiguen dinero estatal y las que no.

Gracias a los préstamos del gobierno, Cabela's Inc. no se vio obligada a reducir el crédito a sus clientes. Sin embargo, Genworth Financial Inc., una aseguradora, no consiguió fondos del Estado y tuvo que recurrir a otras alternativas para recaudar capital, como recortar su dividendo. Otras firmas, en tanto, tratan de obtener una ventaja sobre sus competidores al no involucrarse con el gobierno y promocionar su independencia financiera.

En EE.UU., el gasto fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha ascendido a niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. El torrente de dinero ha transformado a Washington en una parada obligatoria para cada vez más empresas. El gasto en operaciones de lobby ha subido, al igual que las reservas en los hoteles de lujo de la capital estadounidense.

El presidente Barack Obama ha prometido reducir la injerencia del gobierno en el sector privado tan pronto como sea posible y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha señalado que la mayoría de los programas de emergencia del banco central serán cerrados dentro de unos años. No obstante, una reciente encuesta realizado por The Wall Street Journal entre economistas halló que apenas un 16% cree que el gobierno cumplirá su objetivo de poner fin a los programas de rescate pronto sin alterar la competencia en el sector privado.

Arma de doble filo

La intervención estatal contribuyó a estabilizar la economía, pero también podría restarle fuerza al crecimiento de largo plazo. A algunos economistas y líderes empresariales les preocupa que la intervención se traduzca en reglas que perjudiquen la forma en que algunos negocios operan y que mantendrá a flote a empresas improductivas y que le heredará a la próxima generación de estadounidenses un exceso de deuda o de inflación.

Lawrence Summers, el principal asesor económico de Obama, señala que el gobierno ha intervenido en forma prudente. Tanto la actual administración como la anterior han recalcado que de no mediar medidas agresivas por parte del gobierno, EE.UU. corría el riesgo de caer en una Gran Depresión como la que experimentó en los años 30. "Nuestra estrategia de intervención en empresas específicas es reconocer la necesidad de que hay que hacer lo que es absolutamente necesario, pero también reconocer que no hay que hacer más que lo estrictamente necesario", señala.

Muchas empresas han luchado denotadamente para acceder a los fondos fiscales. En el sector de equipos agrícolas, por ejemplo, la compra por parte de Deere & Co. de una empresa de ahorros y préstamos hace unos años la calificó para que el gobierno garantizara US$2.000 millones de su deuda. El programa, sin embargo, no abarcaba a competidores de Deere como Caterpillar Inc. De modo que la Asociación de Financiamiento y Alquiler de Equipos, que representa a los fabricantes de maquinaria agrícola, emprendió una campaña de lobby para que la Fed expandiera el programa. La Fed accedió e incluyó a Caterpillar y otros fabricantes de equipos.

No obstante, algunas de las empresas que más necesitan una mano del gobierno no califican para obtener los fondos. La ley exige que los préstamos de la Fed estén garantizados, lo que significa que, salvo algunas excepciones, la entidad sólo puede financiar a empresas con calificaciones de crédito altas. Eso está perjudicando a las firmas más pequeñas que no tienen esas calificaciones. Balboa Capital Corp., un firma de alquiler de equipos agrícolas que no califica para los préstamos de la Fed, está reduciendo sus gastos para mantenerse a flote. "Todavía corremos peligro", dice Phil Silva, director general de Balboa.

Summers, el asesor económico de Obama, asegura que el gobierno no está tratando de elegir a ganadores y perdedores. "Hay que distinguir entre los casos de emergencia y las políticas más amplias", dice. "En el caso de las políticas más amplias el objetivo es establecer reglas de juego que afecten a todas las empresas, no elegir entre ellas".

Además de los préstamos de la Fed, el gobierno está canalizando directamente dinero al sector privado a través del gasto. Este año, se espera que el gasto fiscal ascienda al 28,1% del PIB, el mayor porcentaje desde el 41,9% alcanzado en la Segunda Guerra Mundial.

El plan de estímulo fiscal de US$787.000 millones favorece a algunos sectores como telecomunicaciones, salud y energía verde. Las empresas de estos sectores compiten por los fondos de los contribuyentes.

Gideon Ben-Efraim, un empresario de telecomunicaciones de California, busca los fondos fiscales por primera vez en su carrera. Su empresa de telecomunicaciones inalámbricas, Pure-Wave Networks Inc., archivó los planes para vender equipos en los mercados emergentes y retuvo los servicios de una firma de abogados para determinar cuál es la mejor forma de acceder a los US$7.000 millones que el gobierno ha destinado para instalar redes inalámbricas en EE.UU.

El dinero del rescate, sin embargo, no durará para siempre. Bernanke ha señalado que dentro de cinco años "las intervenciones financieras del gobierno en el mercado estarán en su mayor parte liquidadas". La Fed ha puesto en marcha una estrategia para finalizar gradualmente sus programas de asistencia. Algunos están diseñados para terminar con la recuperación del mercado.

La Fed está acumulando un inmenso portafolio de valores respaldados por hipotecas. Su compra ayudó a reducir las tasas hipotecarias. Su venta, una vez que la Fed decida que es el momento adecuado, podría toparse con resistencia política porque elevaría las tasas hipotecarias.

Una de las partes más importantes de la intervención del gobierno es la reforma del sistema de regulación financiera, que el gobierno anunciará esta semana. El plan contempla que las firmas consideradas "sistémicamente importantes" sean más reguladas con el fin de impedir que su caída amenace la estabilidad de la economía.

El respaldo del gobierno podría ayudar a los bancos, los fondos de cobertura y las firmas de capital privado a obtener una ventaja al permitirles endeudarse a tasas más bajas. El gobierno, sin embargo, les podría exigir mayores niveles de capital para reducir su dependencia en la deuda. Esto limitaría tantos los riesgos como las ganancias potenciales.

Josef Ackermann, presidente ejecutivo de Deutsche Bank AG, dice que el sector privado es el principal responsable de la mayor injerencia del gobierno porque generó problemas que posteriormente no fue capaz de resolver. "Se necesitaba un tercero que inspirara confianza y, aunque detesto decirlo como un economista de mercado, era el Estado", señaló en un reciente viaje a EE.UU. "Lo más probable es que el péndulo ahora oscile de regreso a un rol del Estado mayor al que es aconsejable para el crecimiento de largo plazo".

Fuente: WSJ