Las alarma crece entre las empresas extranjeras implantadas en China, a medida que Beijing intensifica las acusaciones vertidas contra el gigante minero australiano Rio Tinto. Estos acontecimientos han despertado los temores de que otras multinacionales se conviertan en objetivo del Ejecutivo chino por supuesto espionaje industrial.
La legislación del país, poco precisa, estipula que cualquier información relacionada con asuntos de defensa, política exterior, desarrollo socioeconómico, ciencia y tecnología, investigación de un delito, entre otros, puede considerarse secreto de estado, aun cuando ya sea de dominio público.
Hasta ahora, los juristas del país, junto con los activistas de derechos humanos y los periodistas habían sido las principales víctimas de la legislación. Pero, según ejecutivos de otros países y algunas consultoras, son las empresas las más preocupadas en este momento por la posibilidad de verse envueltas en una dura batalla judicial. “A medida que se dan cuenta de los posibles riesgos que corren por su relación con las empresas estatales chinas, crece la incertidumbre”, explica Jürgen Kracht, director gerente de Fiducia, una consultora con sede en Hong Kong.
La página web de la Administración Estatal de Mantenimiento de Secretos se colapsó ayer después de que miles de usuarios intentaran acceder a los documentos en los que se acusaba a Rio Tinto de espionaje industrial a gran escala.
Según la revista oficial de la Administración Nacional de Protección de Secretos de Estado, que invitaba al Estado a tomar cartas en el asunto, las reformas económicas del pasado han aumentado la vulnerabilidad de las empresas estatales y las asociaciones industriales frente a posibles actos de espionaje.
Entre las propuestas del organismo para la reforma de la legislación se encuentra la revisión de la confusa definición de secretos de Estado y la redacción de unas pautas para las compañías estatales sobre la información que necesita una mayor custodia. No obstante, no parece que la enmienda a la legislación publicada en junio sea muy exhaustiva.
Aunque incide con más precisión en las competencias del organismo, apenas ha modificado la definición de secretos de Estado. China ha arrestado a Stern Hu, responsable de marketing y ventas de Rio Tinto en China, y a otros tres empleados del departamento de ventas que trabajan en el país, acusándolos de sobornar a ejecutivos del sector del acero chino para poder acceder a las negociaciones sobre el precio del hierro, consideradas secreto de estado. Rio niega las acusaciones que le imputan las autoridades chinas.
No obstante, la noticia no ha dejado indiferente al resto de empresas extranjeras que operan en el país asiático. “Normalmente, cuando hacemos investigación de mercado en China, nunca dudamos de la legalidad de nuestro trabajo. Ahora resulta que pueden considerar que parte la información que hemos obtenido es secreto de estado”, aseguraba un ejecutivo de una empresa química europea con presencia en el país.
Las posibles precauciones que adopten a partir de ahora las compañías serán pocas, si se tiene en cuenta que, al parecer, el partido Comunista podría colocar agentes secretos en todas las empresas estatales para intentar evitar que se produzcan filtraciones a los grupos extranjeros.
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