25 may. 2010

Las agencias calificadoras de riesgo, en el banquillo

Por Aaron Lucchetti y Serena Ng

Bloomberg News

Raymond McDaniel, presidente ejecutivo de Moody's, y Kathleen Corbet, ex presidente de Standard & Poor's, se preparan para testificar ante el Congreso de EE.UU. en abril.

La firma de inversión en bienes raíces Redwood Trust Inc. acudió a dos agencias de calificación de crédito a principios de este año con el fin de valorar la emisión de un nuevo bono hipotecario. Se trataba de una operación importante, la primera de su tipo en dos años.

Una de las agencias, Standard & Poor's, tuvo reservas sobre partes de la operación. Redwood escogió a Moody's Investors Service y en abril vendió sin ningún inconveniente más de US$200 millones de bonos a los que la agencia les otorgó su calificación más alta: AAA.

"Queríamos que S&P participara en la transacción, pero no pudo cumplir nuestros plazos", sostuvo Brett Nicholas, el director de inversión de Redwood, durante una conferencia este mes. En un comentario sobre la emisión de deuda, S&P indicó que la transacción no habría satisfecho sus estándares para una calificación AAA.

Un vocero de Moody's señaló que la firma "realizó una revisión exhaustiva de la operación", siguiendo el criterio más estricto que adoptó a raíz de la crisis hipotecaria. S&P, de propiedad de McGraw-Hill Cos., rehusó hacer comentarios sobre sus conversaciones con Redwood.

En medio de la crisis financiera, las agencias calificadoras de bonos han sido duramente reprendidas por asignar evaluaciones generosas a bonos hipotecarios dudosos con el fin de aumentar sus ganancias. Aunque las agencias han realizado numerosos cambios, hay algo que sigue igual: los emisores siguen buscando la agencia que les dé la calificación más favorable a sus operaciones.

El proyecto de ley de reforma financiera en Estados Unidos aprobado por el Senado el 20 de mayo limitaría la capacidad de los emisores de bonos de escoger agencias para que califiquen sus activos. Sin embargo, la propuesta de la cámara baja no incluye dicha disposición, y algunos legisladores clave han expresado inquietud al respecto. Queda por ver si la propuesta sobrevivirá a medida que las dos cámaras inician un proceso para armonizar sus diferencias.

Los detractores dicen que el sistema que provee información crítica a los inversionistas de renta fija sigue estando comprometido por un conflicto de interés. Los emisores de deuda les pagan a las calificadoras, así que estas agencias tienen una motivación para inflar las calificaciones para atraer o mantener sus negocios. Los inversionistas que dependen de estas evaluaciones para calcular el riesgo de un bono no saben si otras agencias también fueron contactadas por los emisores y decidieron no calificarlo.

Un análisis de acuerdos recientes de bonos y entrevistas con personas involucradas en el proceso de calificación indican que aunque las calificadoras se han vuelto más cautas a la hora de conceder notas altas a los bonos complejos, los emisores y sus bancos de inversión siguen buscando y comparando para obtener el tratamiento más favorable.

Algunos ejecutivos de la industria señalan que la búsqueda de calificaciones ventajosas incluso puede haberse vuelto aún más sencilla después de la crisis financiera.

S&P, Moody's y Fitch Ratings ya no dominan el negocio de calificación de bonos como lo solían hacer, en parte porque se han retirado parcialmente del mercado hipotecario. Otras empresas, como la canadiense DBRS Ltd., están tratando de ganar participación de mercado.

Los inversionistas a menudo están dispuestos a comprar un bono calificado por una agencia, de modo que los emisores saben que pueden ir a un grupo de calificadoras y escoger la mejor oferta, dice Jack Chen, un ex analista de Moody's que ahora dirige su propia firma de consultoría.

Los esfuerzos para reformar el sistema están cobrando fuerza. Una enmienda al proyecto de ley de reforma financiera que se está considerando en el Senado de EE.UU. apoyaría la creación de una junta liderada por los inversionistas que escogería qué firma proveerá la calificación inicial.

La junta, que sería establecida y supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), manejaría los "acuerdos estructurados", es decir, los bonos respaldados por flujos de ingresos de activos como hipotecas, créditos para comprar automóviles y pagos de tarjetas de crédito.

Estos acuerdos, que representan cerca de un tercio del mercado de bonos estadounidense, son considerados más susceptibles a la comparación de calificaciones en busca de la más favorable debido a que su complejidad da lugar a diferentes apreciaciones y perspectivas entre las calificadoras.

Las tres mayores calificadoras de riesgo, Moody's, S&P y Fitch, una filial de la francesa Fimalac SA, generaron ingresos combinados de US$3.600 millones en calificaciones de bonos el año pasado.

Los funcionarios de las grandes firmas dicen que aunque les gustaría que esta práctica se minimizara, están en contra de los cambios al modelo en el que los emisores pagan por las calificaciones. Algunos opinan que la cláusula en el proyecto de ley del Senado podría afectar a los mercados.

Si las agencias calificadoras saben que obtendrán clientes a través de una junta de asignación supervisada por el gobierno, podrían tener pocos incentivos para competir para tener las calificaciones más certeras.

Los detractores, por su parte, aseguran que el proceso de calificación intensificó la crisis crediticia. Durante el auge inmobiliario estadounidense, las firmas otorgaron calificaciones AAA a una gran cantidad de valores complejos ligados a préstamos de alto riesgo que posteriormente colapsaron, generando grandes pérdidas para muchos inversionistas y empresas financieras.