15 ago 2011

Arrecian las críticas contra las agencias calificadoras

Por Jeannette Neumann

Hace dos semanas, Egan-Jones Ratings Co. rebajó la calificación de deuda de Estados Unidos. Casi nadie prestó atención.

"La rebaja de S&P estuvo en la primera página de todos los periódicos," dijo Sean Egan, presidente de la firma con sede en Haverford, Pensilvania, y que ha venido emitiendo calificaciones desde 1995.

La decepción de Egan en el sentido de que Standard & Poor's sacudió el mundo con su evaluación sobre la deuda a largo plazo del gobierno estadounidense, de AAA a un AA+ , mientras que su calificación idéntica fue ignorada, es una señal del control que las tres grandes firmas tienen sobre la industria de calificación de riesgo.

S&P, unidad de McGraw-Hill Cos.; Moody's Investors Service, de Moody's Corp.; y Fitch Ratings, unidad de la empresa francesa Fimalac SA, poseen alrededor de 2,7 millones de evaluaciones de deuda corporativa, municipal, soberana y de otros tipos, de acuerdo con documentos presentados ante las autoridades de valores de EE.UU.

Las otras siete firmas calificadoras bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) tienen apenas 84.000 evaluaciones.

Las tres firmas de calificación de crédito más grandes tienen "un monopolio", dijo Mohamed El-Erian, presidente ejecutivo y codirector de inversión de Pacific Investment Management Co. "Bien sea que nos guste o no, las agencias de calificación están completamente integradas en el sistema".

Las críticas del dominio de la industria se intensificaron después de la rebaja de S&P, especialmente luego de que la firma siguió adelante a pesar de que funcionarios estadounidenses señalaran un error de cálculo de US$2 billones (millones de millones).

La confusión está alimentando un inusual consenso entre los diferentes partidos políticos en EE.UU. en el sentido de que se requiere mayor competencia para limitar el impacto de cualquier calificación sobre los mercados financieros.

S&P, Moody's y Fitch controlan 95% de la industria de calificaciones de deuda en EE.UU., basado en lo que gastan los emisores que las contratan para que evalúen su deuda, estima Peter Appert, un analista de Piper Jaffray & Co.

Su control del sector no cambió incluso después de que perdieron cierta credibilidad por ser demasiado optimistas sobre el desempeño de miles de títulos ligados a hipotecas antes y durante la crisis financiera.

Muchos inversionistas están todavía furiosos, pero ninguna otra firma puede igualar la cantidad de analistas, la amplia cobertura y las décadas de experiencia.

Moody's empezó en el negocio de las calificaciones de crédito en 1909, seguida de S&P en 1923 y Fitch en 1927. La compañía más antigua del sector, A.M. Best Co., comenzó a expedir evaluaciones en 1907, pero se especializa en aseguradoras.

Durante décadas, la industria fue supervisada de forma flexible. Funcionarios de la SEC asumieron la regulación en 2007, después de que el Congreso estadounidense aprobara una ley que aspiraba, en parte, a animar la competencia.

Muchos planes de pensión, fondos mutuos y otros grandes inversionistas están obligados a comprar valores o títulos con calificaciones de una de las diez firmas registradas ante la SEC. La lista incluye a Egan-Jones, Kroll Bond Rating Agency Inc. y Morningstar Credit Ratings LLC, una filial de Morningstar Inc.

Algunos de los críticos de las tres grandes agencias argumentan que una regulación más estricta hizo que fuera más difícil ignorarlas cuando adjudican una nota de AAA sobre obligaciones de deuda garantizada y otros valores derivados del auge en el sector inmobiliario.

"La SEC protegió el negocio de las finanzas estructuradas de las tres grandes firmas todo el tiempo hasta llegar a la crisis de las hipotecas de alto riesgo", dijo James H. Gellert, presidente de Rapid Ratings International Inc., una firma que califica bonos pero no tiene la aprobación de la SEC.

La propuesta de reglas aún más estrictas que requerirían que las firmas calificadoras revelaran más información sobre la exactitud de sus calificaciones y la forma como son decididas también son rechazadas por las firmas independientes, pues argumentan que el costo de cumplir con las normas las desanimaría a buscar el visto bueno de la SEC.

Fuente: WSJ