Los políticos británicos, que buscan formas relativamente inocuas de cubrir el agujero en los presupuestos, han fijado sus miras en la venta de activos. En febrero, los dos grandes partidos respaldaron el programa, ahora suspendido, para vender un tercio de Royal Mail.
El mes pasado, los conservadores sugirieron la venta de las participaciones gubernamentales en Lloyds Banking Group y Royal Bank of Scotland. Y ahora, Gordon Brown ha propuesto una vez más el comercio de activos públicos para contener la hemorragia de deuda que sufre Reino Unido.
El plan a dos años del primer ministro pretende recaudar 3.000 millones de libras (3.218 millones de euros) con la venta de activos como la cadena de apuestas Tote y la línea ferroviaria del Canal de la Mancha, y otros 13.000 millones de libras mediante el comercio de propiedades inmobiliarias locales del Estado.
16.000 millones de libras de activos no representa más que un mosquito en el parabrisas del tren de la deuda pública, que ha acelerado hasta los 800.000 millones de libras y sigue aumentando la velocidad. El déficit de Reino Unido, que probablemente se sitúe en torno al 12,4% del producto interior bruto –175.000 millones de libras–, es el mayor del G-20.
El déficit estadounidense de 1,4 billones de dólares (949.640 millones de euros) no representa más que un 10% de la producción. Y los propios activos no son ninguna joya. La oleada de privaciones durante el gobierno de Margaret Thatcher vendió la piezas centrales de la cubertería de plata de la nación, incluidas British Gas y British Airways. En la actualidad, al gobierno sólo le quedan piezas dispersas. Por lo tanto, los recortes en el gasto público seguirán siendo esenciales.
Los laboristas han propuesto una subida de impuestos, que aumentará a lo largo de ocho años hasta los 90.000 millones de libras anuales, el equivalente al 6,4% de la renta nacional. Los conservadores quieren recortes más rápidos y profundos, así como una reducción del programa de expansión monetaria cuantitativa. En cualquiera de los casos, esta situación implicaría el recorte más severo de los servicios públicos desde la década de 1970, según el Instituto de Estudios Fiscales.
Al centrar las expectativas en pequeñas ventas excepcionales de activos lo único que se hace es eludir estos amargos problemas presupuestarios. El agridulce premio para el ganador de las próximas elecciones será una desagradable mezcla de recortes de gastos y subidas fiscales.
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