Goldman Sachs se defenderá con contundencia ante la demanda interpuesta por la SEC (la Comisión del Mercado de Valores de EEUU). Las especulaciones sobre quién resultará vencedor en este caso resultan interesantes; no obstante, se tardarán meses en conocer el resultado.
Con independencia de éste, el caso tiene consecuencias para la legislación sobre las reformas financieras que estudia el Congreso estadounidense. Las operaciones de Goldman, incurran en no en la ilegalidad, no aportaron precisamente beneficios sociales.
La entidad utilizó complejos productos sintéticos vinculados a los valores respaldados por hipotecas, convirtiéndolos en unidades imaginarias que imitaban a los originales. Estas obligaciones de deuda colaterales sintéticas no financiaban la propiedad de ninguna vivienda ni distribuían el capital de forma más eficaz. Simplemente aumentaron el volumen de los valores respaldados por hipotecas, cuyo valor cayó en picado con el estallido de la burbuja inmobiliaria. El principal objetivo de la operación era obtener comisiones.
Ésta es una clara demostración de cómo los derivados y los valores sintéticos se han utilizado para crear un valor imaginario de la nada. El número de CDO con calificación “triple A” que se generó, superó a los activos subyacentes que tenían la misma calificación. Esto se hizo a gran escala, a pesar del hecho de que todas las partes implicadas fueran inversores sofisticados.
El proceso se prolongó durante años, hasta que estalló, provocando pérdidas de billones de dólares. No se puede permitir que se repita. El uso de derivados y otros instrumentos sintéticos debe regularse incluso si las partes implicadas son inversores sofisticados.
Los valores ordinarios deben registrarse en la SEC antes de realizar operaciones con ellos. Los sintéticos también deberían estar registrados, aunque quizás con otro organismo, como la Comisión Reguladora de Futuros de Materias Primas. A pesar de su utilidad, los derivados pueden tener numerosos riesgos asociados. Por ejemplo, pueden acumular desequilibrios en la oferta y la demanda que sólo se conocerán cuando se superen ciertos límites.
Éste es el caso de las llamadas opciones con barrera de vencimiento que se utilizan en las operaciones con divisas y de los programas de carteras de seguros, que condujeron al lunes negro de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1987. Aunque la posterior introducción de interruptores de circuito reconocía de forma implícita las irregularidades que pueden provocar los derivados, no se extrajeron las conclusiones adecuadas.
Son los swap de impagos de crédito (CDS) lo que más incertidumbre generan. Aunque se supone que protegen a los tenedores de bonos frente al impago, dado que sus operaciones no están sometidas a ningún control, se pueden utilizar para provocar ataques bajistas. Además de actuar como un seguro frente a impagos, también facilitan una licencia para matar.
Su uso debería limitarse a los inversores que tienen un “interés asegurable” en los bonos de un país o de una empresa. Corresponde a los reguladores la tarea de conocer los derivados y los valores sintéticos y de negarse a permitir su creación si no se pueden evaluar sus riesgos sistémicos. Esta responsabilidad no debe dejarse en manos de los inversores, contrarios a los dictados de los dogmas fundamentalistas del mercado que predominaron hasta hace poco.
Los derivados personalizados deberían registrarse de forma individual, y los reguladores tendrían que conocer los riesgos asociados a estos. Aunque el registro resulte laborioso, serviría como elemento disuasorio a la hora de utilizar derivados OTC. Estos productos deberían agruparse al margen de los instrumentos que operan en el mercado bursátil, lo que evitaría los abusos que contribuyeron al colapso de 2008. Exigir el registro de derivados y valores sintéticos sería una tarea sencilla y eficaz; sin embargo, las actuales propuestas en materia de legislación no contemplan esta posibilidad.
La Comisión de Agricultura del Senado propone evitar que los bancos de inversiones comercialicen los productos derivados de la deuda. Ésta propuesta es excelente, ya que podría reducir la interconexión de los mercados, evitando el efecto contagio, aunque no serviría para regular los derivados. Todo apunta a que los cinco grandes bancos de inversión, que representan el 95% de las operaciones OTC de EEUU, se opondrán a la propuesta, que, de aprobarse, afectaría gravemente a sus beneficios.
Resulta aún más sorprendente que haya multinacionales contrarias a estas medidas. La única explicación a su postura es que los derivados personalizados pueden facilitar la evasión de impuestos y la manipulación de las cuentas. Sin embargo, estas consideraciones no deberían influir en la modificación de la legislación.
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