Esta va a ser la semana más importante en los 11 años de historia de la unión monetaria europea. Cuando acabe, sabremos si se puede contener la crisis fiscal griega o si, de lo contrario, se extenderá a otras partes de la eurozona.
Para entonces, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno griego deberían haber llegado a un acuerdo. Tendremos que estar atentos a tres puntos.
El primero, y más importante, Grecia deberá presentar un programa de transición que explique cómo puede convertirse un alto déficit primario en un superávit primario igual de grande sin provocar el hundimiento del crecimiento económico. Lo que he escuchado hasta el momento de los economistas griegos resulta muy desalentador. La mayoría de las sugerencias son estratagemas contables anticuadas –como intentar añadir las estimaciones sobre la economía sumergida a los datos oficiales del producto interior bruto (PIB)–. Lo que deberíamos buscar es un programa a tres años que plantee recortes detallados de gastos y reformas estructurales.
Segundo, el paquete total tiene que ser sustancialmente superior a los 45.000 millones de euros prometidos hasta el momento (de los que 30.000 millones de euros proceden de la UE, y el resto del FMI). La aportación de la UE es sólo por un año, y veo pocas probabilidades de que pueda incrementarlo, ya sea ahora o el año que viene. Axel Weber, el presidente del Bundesbank, ha calculado que Grecia requerirá aproximadamente 80.000 millones de euros durante todo el periodo de ajuste. Parece un juicio bastante acertado. Lo que necesitamos escuchar es un compromiso creíble y sin fisuras que vaya más allá de los 45.000 millones de euros. Grecia requerirá garantías durante al menos dos años –en los que deben decidirse todos los ajustes políticos, e implementarse la mayoría de ellos–.
Tercero, tenemos que vigilar la situación en Alemania. El Gobierno intentó en un principio agregar la legislación sobre créditos griega a una ley ya existente, pero encontró oposición. Ahora se desarrollará un proceso legislativo completo. Algunos parlamentarios de la coalición de Angela Merkel ya han expresado dudas de que vayan a apoyarlo, entre ellos el líder parlamentario de la CSU bávara, el partido hermano de los cristiano-demócratas de Merkel. Exponen que la mejor solución sería que Grecia abandonase la eurozona y se incorporase más adelante. Sobre este punto, cuentan con el apoyo gran parte de las altas esferas jurídicas y económicas del país.
Su argumento rebosa hipocresía legal. Aquellos que lo defienden fingen preocuparse profundamente por el estricto cumplimiento de la cláusula contra los rescates del Tratado de Maastricht. Sin embargo, no ven ningún problema en defender una ruptura de la ley europea proponiendo una salida de Grecia de la eurozona. Bajo la legislación actual, Grecia no puede ser expulsada. De hecho, no puede abandonar la eurozona de forma voluntaria, sin tener que abandonar también la UE. En cualquier caso, es más inteligente que Grecia cometa impago dentro de la eurozona que fuera de ella. Así que, ¿qué sucede si el Bundestag bloquea la ayuda? Sencillamente, que Grecia quebrará, lo que pondrá en riesgo a varios bancos alemanes y franceses con importantes cantidades de deuda soberana y privada griega.
Cuando acabe esta semana, se habrán despejado las incógnitas sobre los dos primeros puntos. En el caso del tercero, la discusión se alargará. Merkel está decidida a prolongar su resolución más allá del 9 de mayo, la fecha de las elecciones regionales en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.
Durante esta crisis me he preguntado con frecuencia por lo que haría falta para que los líderes políticos hagan progresos. Existen muchos problemas de coordinación y demasiada gente engreída a la que consultar, muchos de los cuales no entienden lo que sucede ni comprenden las verdaderas prioridades. En semejante clima, los accidentes ocurren. Hasta el momento, el progreso político de la UE ha favorecido esta crisis. Necesitamos algo que se aleje de nuestras expectativas más bajas. De lo contrario, Grecia quedará abocada al impago, y la crisis se extenderá a Portugal y otras naciones.
Al igual que cada familia desgraciada tiene sus propios problemas concretos, el caso de Portugal es distinto al de Grecia. Pero sus problemas no son menos graves. En Portugal, las miradas se centran en el sector estatal. La UE prevé que la deuda bruta del sector público alcance el 85% del PIB a finales de este año. Es una cifra alta, aunque no alarmante. Según mis cálculos, usando los datos del Banco Mundial, la ratio deuda exterior/PIB de Portugal, incluidos los sectores público y privado, es de un 233% –la del Gobierno asciende al 74% mientras que en el caso del sector público se sitúa en el 159%–. La posición de inversión internacional ronda el -100% del PIB –la suma en la que los activos financieros de Portugal en el extranjero son superados por los activos que los inversores extranjeros poseen en Portugal–. Se prevé que el déficit por cuenta corriente quede justo por debajo del 10% del PIB. Estamos ante una grave crisis del sector privado. Y al igual que Grecia y España, Portugal ha perdido competitividad frente a la media de la eurozona de entre un 15% y un 25% durante su primera década en la zona euro.
A lo que asistimos aquí es al equivalente europeo de la crisis subprime estadounidense. A menos que escuchemos buenas noticias de Atenas el viernes, pronto estallará.
Fuente: FT
