Un aumento espectacular de la deuda acumulada y una economía apuntalada son los legados más perdurables que nos ha dejado el largo período de bonanza que se inició en 1996 y que, de forma abrupta, se truncó en el segundo semestre de 2008, cuando se inició la severa recesión en la que todavía estamos inmersos.
Entre 1996 y 2007, la economía española, impulsada por las devaluaciones y las reducciones de los tipos de interés, creció, acumuló capital y generó empleo a tasas que eran alabadas incluso por quienes hoy (Financial Times, The Wall Street Journal y The Economist) se han convertido en sus críticos más implacables. Algunos economistas mantuvimos fría la cabeza durante esos años y advertimos que, si bien el euro aportaba una mayor capacidad de maniobra, resultaba indispensable contar con empresas competitivas para crecer a largo plazo en un mundo con fronteras cada día más tenues. Claro que en esos días de fiesta y grandes negocios casi nadie estaba por la labor de escuchar prudentes advertencias.
Desequilibrios productivos y financieros
Bastaba con mirar a la evolución de la diferencia entre nuestras importaciones y exportaciones, ver como ese agujero se agrandaba año tras año, para darse cuenta de que el crecimiento de la economía española estaba abocado a registrar una brusca caída en un futuro no muy lejano. Para financiar la inversión en viviendas y otro tipo de construcciones –que llegó a absorber el 60% de la inversión productiva en 2007– se estaba acumulando una deuda externa que año tras año crecía a tasas mucho más elevadas que el PIB.
A partir de 2002, resultaba ya evidente para cualquier observador libre de prejuicios y banderías que la economía española había agotado la gasolina aportada por las cuatro devaluaciones realizadas por los Gobiernos del presidente González entre septiembre de 1992 y mayo de 1995. El desequilibro externo había alcanzado ya tal magnitud que las autoridades españolas, caso de haber contado con una moneda y política monetaria propias, se habrían visto obligadas a devaluar la peseta y elevar los tipos de interés en algún momento entre 2002 y 2004.
En aquellos días propicios a las fáciles ensoñaciones, algunos colegas proclamaron seriamente que la adopción del euro nos había inaugurado una “nueva era”, donde las restricciones tradicionales habían perdido su vigencia y el déficit externo había dejado de ser una espada sobre nuestras cabezas: los inversores extranjeros iban a continuar financiando indefinidamente a las rentables empresas y prósperas familias españolas. Otros, algo más cautos, preferían creer que el déficit externo acabaría corrigiéndose por sí solo, sin molestarse en explicar cómo se iba obrar el milagro. Ambos estaban muy, pero que muy equivocados.
El endeudamiento externo, que había alcanzado ya el 5,6 % del PIB en 2004, se disparó hasta el 10,2 % del PIB en 2007, una cifra que casi triplicaba los valores más elevados alcanzados en las cimas de otros ciclos (1974 y 1990), y todo el castillo de naipes se vino abajo con estrépito en cuanto se hizo patente que gran parte de los activos de las entidades financieras, las empresas no financieras y las familias, estaban sobrevalorados y el valor de sus pasivos superaba de largo al de sus activos.
Una economía con muletas
Para evitar la quiebra del sistema financiero y la subsiguiente parálisis de la producción, el Gobierno español destinó ingentes recursos en 2009 a apuntalar a algunas entidades financieras, adquiriendo activos sobrevalorados de sus carteras y avalando sus emisiones de deuda. Asimismo, el Gobierno abrió líneas de crédito para financiar a las empresas y familias, puso en marcha programas extraordinarios de inversión pública y repartió subvenciones y transferencias para ayudar a empresas y sectores en dificultades y familias que habían perdido su empleo, o tenían dificultades para afrontar sus deudas.
De momento, se ha evitado la temida catástrofe, aunque haya habido que pagar un elevado precio por ello. En los dos últimos años, el desplome de la recaudación y el fuerte aumento de los gastos de las Administraciones Públicas han provocado un vuelco histórico en las cuentas públicas, que han pasado de registrar un superávit equivalente al 2,4% del PIB en 2007 a cosechar un déficit del 4,2% en 2008 y del 11,4% en 2009, cifra esta última que casi duplica el anterior récord histórico, 6,6 %, alcanzado en 1995.
El presidente del Gobierno reconocía por primera vez el pasado 17 de febrero en el Congreso que estamos ante una “crisis gravísima”. Por una vez, su diagnóstico se ajusta a los hechos: a pesar de todas las ayudas públicas otorgadas, la situación económica continúa siendo muy delicada. La deuda de las Administraciones Públicas ha crecido a tasas elevadísimas desde 2007 –54,25 % en el caso del Estado– y va a seguir aumentando a buen ritmo durante al menos los próximos 5 ó 6 años. Así que a la ya ingente deuda privada acumulada en los años de bonanza, ahora hay que sumar la deuda de las AAPP, que superará, incluso en un escenario optimista, el 80% del PIB a finales de 2013.
Ni las finanzas públicas ni la situación de nuestra economía son comparables a las de Grecia, cierto, pero conviene no olvidar que una fracción significativa de entidades financieras y multitud de empresas y familias se han mantenido en pie durante los últimos meses gracias a las inyecciones de liquidez, créditos, subvenciones y transferencias públicas recibidas y que el margen de maniobra de las AAPP es cada día más estrecho.
Para empezar, todas las AAPP tendrán que dedicar una fracción creciente de sus ingresos a pagar los intereses de la deuda en la próxima década. Incluso si el Gobierno cumple la promesa de reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 y los tipos de interés se mantienen por debajo del 2% en los próximos años, el servicio de la deuda absorberá una parte muy sustancial de los ingresos públicos: entre el 4% y el 5% del PIB. Por otra parte, el cumplimiento del programa de consolidación fiscal 2010-13 presentado por el Gobierno para calmar la inquietud de los inversores extranjeros contempla nuevos aumentos impositivos y drásticos recortes en el gasto que obligará a las Administraciones a reducir de manera drástica las ayudas, subvenciones y transferencias a las entidades financieras, empresas y familias.
Aunque se presentó a las elecciones de 2004 con un programa económico que señalaba las principales debilidades de la economía en ese momento, pronto se olvidó de él y practicó una política pro-cíclica, haciendo crecer el gasto del Estado por encima del 8% anual entre 2004 y 2008 y registrando unos superávits insuficientes para compensar los déficits en la parte baja del ciclo. Ahora, ha gestionado mal la recesión, poniendo en marcha hace unos pocos meses ambiciosos planes de gasto y ayudas para anunciar, sin solución de continuidad, aumentos impositivos y recortes severos del gasto.
Visto en conjunto, el balance económico de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero resulta decepcionante: ni anticiparon la gravedad de la recesión que se nos venía encima, ni tan siquiera las previsibles consecuencias (déficit y endeudamiento históricos) de las medidas que iban adoptando para combatirla. ¿Tendrá ahora, no obstante, razón el presidente del Gobierno cuando afirma que hace falta alcanzar un pacto entre todas las fuerzas políticas para sacar a la economía del pozo?
Clemente Polo es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona
Fuente: Expansion
