3 may 2010

La nueva normativa de Basilea debe abordar las insuficiencias del pasado

por Hugo Bänziger

Cuando los viñedos franceses fueron víctimas de una plaga allá por 1800, el sector vinícola del país sufrió una grave crisis, y cuando en la década de 1840 las plantaciones de patatas irlandesas sufrieron una importante epidemia, se produjo una hambruna en el país que causó la muerte de uno de cada ocho irlandeses en tres años.

En los años setenta, los agricultores de los estados sureños de EEUU registraron pérdidas de cientos de millones de dólares por las enfermedades de sus cultivos. A primera vista, estos desastres naturales no guardan ninguna relación con el debate regulador del sector bancario, pero comparten la monocultura. Dentro de la industria agrícola, se introdujo la monocultura, una única variedad de cultivo, para sacar el máximo partido a la producción. Esta falta de diversidad debilitó la resistencia de las cosechas a los parásitos y las plagas, provocando situaciones tan graves como las descritas anteriormente. En el entorno de la regulación bancaria, se está adoptando esta estrategia monocultural, ignorando los precedentes históricos.

Sin duda, el marco normativo de Basilea II mejoró las prácticas de gestión de riesgos, al aumentar los requisitos mínimos. No obstante, debido a esta estandarización, las reformas hicieron que los bancos cada vez aplicaran las mismas prácticas casi de forma simultánea. Durante las situaciones de bonanza económica, disminuyeron los requisitos de capital de los bancos, aunque en los tiempos de crisis la demanda de estos aumentara. Las últimas propuestas de reformas bancarias de Basilea, conocidas también como Basilea III, incluyen una definición más precisa del capital, centrándose en las contribuciones de capital y en los beneficios no distribuidos, además de establecer una nueva ratio de apalancamiento. También pretenden introducir nuevos requisitos de liquidez y financiación estandarizados. Aunque todas estas propuestas parecen adecuadas, su puesta en práctica tendrá importantes consecuencias involuntarias:

1. La exclusión de los activos fiscales diferidos del capital de los bancos incrementará las oscilaciones de las necesidades de capital de las entidades, dado que el colchón de los créditos fiscales es mayor durante las crisis económicas. Las entidades no podrán arrastrar las pérdidas de un ejercicio al siguiente; además, la deuda de las diferentes jurisdicciones fiscales se considerará pérdidas.

2. La introducción de una ratio de apalancamiento no neteada provocará problemas a cualquier banco que cuente con una cartera de derivados. Al utilizar las condiciones de la actual crisis (subidas del dólar, volatilidad de los activos) y valores de reemplazo superiores para las carteras de derivados no neteadas, los bancos tendrían que liquidar miles de millones de activos no derivados para permanecer dentro de las ratios de apalancamiento. La volatilidad de estos activos aumentaría, provocando rebajas simultáneas aplicables a toda la industria.

3. La nueva norma de liquidez exige que los bancos mantengan una amplia cartera de liquidez de buena calidad. Esta reserva no se puede vender de forma inmediata cuando sea necesaria, sino después de haber pasado una prueba de estrés. Por consiguiente, los bancos no pueden usar las reservas de forma proactiva, sino que tendrán que vender otros activos, lo que conduciría una vez más a una espiral bajista de los precios.

4. Las nuevas normas de financiación exigirán a los bancos la financiación a plazos de un cierto porcentaje del inventario de sus activos. La ratio de financiación a plazos de deuda soberana subiría del 5% con una calificación “AA” al 100% para una calificación “A”. Esto haría que todos los bancos mantuvieran este nivel de deuda para financiar a plazos de forma simultánea. Pero, como ha quedado demostrado durante la crisis, las entidades que más lo necesiten tendrán más dificultad a la hora de acceder a la financiación.

5. Además, los requisitos de la deuda bancaria subordinada se endurecerán hasta tal punto –descartando los cupones fijos– que la totalidad del mercado híbrido y, dentro de él, los nuevos instrumentos de capital contingente, puede desaparecer. No sólo recurrieron varias empresas al capital contingente para mitigar la crisis, también es uno de los pocos instrumentos que actúa contra el carácter cíclico de las recesiones. Además, las medidas propuestas aumentarán la volatilidad del mercado durante la crisis con un impacto significativo sobre el valor real de los activos. En el futuro, los sustos que en el pasado habían afectado a los bancos en distinto grado provocarán que cada banco recaude al mismo tiempo capital y deuda a plazo, o que reduzca drásticamente sus balances. Teniendo en cuenta esa perfecta sincronía y que los bancos no pueden expresar su opinión, cabe imaginar que la próxima crisis financiera será incluso más severa que la de estos últimos años.

Una nueva y sólida regulación es esencial para la estabilidad financiera, pero debemos asegurarnos de haber abordado los problemas del pasado. La volatilidad de los rátings crediticios podría reducirse mediante las pruebas de estrés y un horizonte a cinco años; los requisitos de financiación a plazo deberían desvincularse de las valoraciones de créditos; las reservas de liquidez tendrían que ser accesibles siempre que fuera necesario; y la creación de instrumentos de capital alternativo debería basarse en principios prudentes.

Pese a que es necesario abordar la mala gestión del riesgo de algunas entidades, también debemos corregir las deficiencias en la regulación y evitar la introducción de más estándares a favor del ciclo. Sólo si tratamos todos estos defectos cabe esperar que se halle una solución que aporte solidez a la industria bancaria a largo plazo.

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