Por Michael R. Crittenden y Victoria McGrane
WASHINGTON (Dow Jones)--Los legisladores de Estados Unidos alcanzaron un compromiso a altas horas de la madrugada del viernes, hora local, para aprobar una ley que redefinirá los mercados financieros del país durante décadas, lo que supone al mismo tiempo la segunda gran victoria en política interna de la Casa Blanca este año.
Meses de interminables negociaciones entre la Cámara de Representantes y el Senado, la Casa Blanca, bancos, firmas de correduría y grupos de consumidores concluyeron en una sala de audiencias del Senado.
Una sesión final de negociaciones de 20 horas con la presencia de representantes de la Cámara y el Senado, de la Casa Blanca, el Tesoro y los reguladores que terminó con 27 miembros del comité -todos demócratas- votando a favor de la medida.
El acuerdo final llega un año después de que el presidente Obama esbozara por primera vez su visión para reformar los mercados financieros de Estados Unidos, y tiene garantizados los votos para ser aprobada tanto en la Cámara baja como en el Senado la semana próxima. También permitirá a Obama y a los altos cargos de su gobierno presentar a los otros líderes mundiales los detalles de la reforma en la cumbre del G-20 de este fin de semana en Toronto.
El acuerdo llega después de que los miembros del comité alcanzaran un compromiso sobre la controvertida regulación de los derivados, los nuevos límites en la capacidad de los bancos para invertir en fondos de alto riesgo y utilizar su capital para hacer negocios, los detalles de la nueva agencia de protección del consumidor y las competencias del Gobierno para gestionar el fracaso de grandes instituciones financieras.
Los derivados se convirtieron en el principal escollo para los legisladores. Decenas de diputados demócratas de la Cámara baja habían expresado su preocupación sobre la exigencia de que los bancos separaren sus lucrativos negocios de swaps. La situación empeoró a lo largo del jueves cuando un grupo de demócratas de la Cámara baja por Nueva York amenazaron con votar en contra de toda la reforma financiera si se mantenía el texto propuesto por la senadora demócrata Blanche Lincoln, debido al posible efecto negativo sobre los empleos y las emopresas en su Estado.
Mientras las negociaciones se alargaban durante toda la tarde y bien entrada la noche, los legisladores más influyentes se reunían en corrillos con representantes del Tesoro y de la Casa Blanca, hablando entre murmullos en la sala de audiencias, en el vestíbulo de la sala de reuniones y en varios despachos del Senado.
Se alcanzó un acuerdo justo después de la medianoche del viernes, cuando uno de los demócratas por Nueva York propuso públicamente aceptar parte del plan de la senadora Lincoln sobre los derivados, permitiendo a las entidades que mantengan ciertas operaciones de compraventa de derivados.
El llamado Plan Volcker, así bautizado en honor del ex presidente de la Reserva Federal, provocó menos división de la esperada, a pesar de que durante semanas ha habido dudas sobre si los legisladores apoyarían poner límites a las inversiones de la banca en fondos de cobertura. Finalmente, los legisladores acordaron permitir a la banca hacer inversiones de no más del 3% del ratio Core Tier 1 en fondos de capital riesgo y fondos de cobertura.
La legislación en su conjunto afectará a todos los aspectos del sector de servicios financieros, fijando nuevas reglas para el préstamos hipotecarios, imponiendo el riesgo que los bancos deben mantener en sus balances cuando empaquetan préstamos y dando a los accionistas votos no vinculantes en el pago a los ejecutivos.
Una parte crucial de la legislación es el cambio radical en la forma en que las autoridades públicas supervisan y responden a los riesgos sistémicos de la economía. La reforma dará poder a la Fed para supervisar a las entidades financieras más grandes y complejas, y entronca con la creación del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera.
Además, la ley daría por primera vez a los reguladores federales la autoridad para confiscar y trocear grandes entidades financieras que estén al borde del colapso. Establecería una nueva estructura para intervenir entidades que supongan un riesgo para la economía en su conjunto, permitiendo al Tesoro suministrar fondos para cubrir los costes de la intervención de la entidad. El Gobierno tendría que establecer un plan de devoluciones antes de cualquier intervención, y el dinero se recuperaría de los activos de las entidades fallidas, acreedores y de las tasas recaudadas a grandes entidades financieras con más de US$50.000 millones en activos.
Otras provisiones incluidas en la legislación son un permanente incremento de los depósitos asegurados por el Gobierno federal, y la obligación a fondos de cobertura y fondos de alto riesgo para que se registren en la Comisión de Bolsa y Valores, entre otras medidas. Los legisladores también trataron de modernizar el sector de calificación de crédito, estableciendo una nueva agencia de calificación cuasigubernamental en línea con un informe elaborado por la SEC.
